Cuando garantizar derechos incomoda: la ESI bajo ataque
Por Rodrigo Morabito
Hay frases que no solo interpelan; también preocupan. Cuando una funcionaria pública como Clara Muzzio (vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) califica a la Educación Sexual Integral como una “trampa mortal” y afirma que “le destruyó la cabeza a los niños”, no estamos frente a una opinión más en el debate democrático. Estamos frente a una forma de construir sentido que, lejos de aportar, desinforma; y cuando eso ocurre desde el Estado, el problema deja de ser retórico para volverse institucional.
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral no es una política optativa ni una moda pasajera; es el reconocimiento de un derecho que el propio Estado se obligó a garantizar. Un derecho que no surge en el vacío, sino que se encuentra sostenido por compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En ese marco, discutir su alcance o su implementación puede ser legítimo; lo que no resulta admisible es desconocer su fundamento o deslegitimarlo mediante afirmaciones que carecen de sustento.
No hay evidencia empírica seria que permita sostener que la Educación Sexual Integral provoca daños en niños o adolescentes. Sí hay, en cambio, un consenso robusto a nivel internacional (expresado por organismos como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS)) que indica exactamente lo contrario; que la educación sexual integral reduce embarazos no intencionales, previene enfermedades, mejora la toma de decisiones y fortalece la construcción de vínculos respetuosos. Cuando se afirma lo contrario sin datos, no se está argumentando; se está apelando al miedo, sustituyendo evidencia por percepciones.
El problema se agrava cuando lo que se critica no es la ESI real, sino una versión distorsionada de ella. No es cierto que se trate de un dispositivo de adoctrinamiento ni de hipersexualización; la ESI implica enseñar cuidado del cuerpo, prevención del abuso, consentimiento, igualdad y respeto. Discutir sobre una caricatura del programa no sólo empobrece el debate, sino que lo vuelve estéril. Se combate algo que no existe, mientras se elude lo que verdaderamente está en juego.
Y lo que está en juego es demasiado serio como para banalizarlo. La Educación Sexual Integral constituye una herramienta concreta para prevenir el abuso sexual infantil, para detectar situaciones de violencia, para brindar a niños, niñas y adolescentes herramientas que muchas veces no encuentran en otros ámbitos. Deslegitimarla no es inocuo; implica debilitar esas herramientas, volver a un escenario donde el silencio pesa más que la palabra, donde la desinformación sustituye al conocimiento y donde los derechos quedan expuestos a la volatilidad de los discursos.
Nada de esto implica negar que la ESI, como toda política pública, pueda presentar falencias. Puede y debe ser revisada, mejorada, fortalecida. Pero existe una diferencia sustancial entre una crítica orientada a perfeccionar una política y un discurso que la desacredita sin evidencia. La primera construye; la segunda erosiona. La primera asume la complejidad; la segunda la simplifica hasta vaciarla de sentido.
Cuando estas afirmaciones provienen de quienes tienen responsabilidades de gobierno, el impacto es aún mayor. No sólo se desinforma; se erosiona la confianza en las políticas públicas, se introduce incertidumbre y se habilitan discursos regresivos en materia de derechos humanos. En ese punto, ya no se trata de una opinión individual, sino del modo en que el propio Estado se posiciona frente a sus obligaciones.
En materia de niñez, el principio es claro; no hay lugar para retrocesos. Los derechos reconocidos no dependen del clima de época ni de las preferencias ideológicas de turno. Se garantizan. La Educación Sexual Integral no es perfecta, pero es necesaria; no es una amenaza, sino una herramienta indispensable para formar, prevenir y proteger.
Porque, en definitiva, cuando garantizar derechos incomoda, la tentación suele ser desacreditarlos. Pero lo verdaderamente peligroso no es la ESI. Lo peligroso es instalar dudas sin evidencia, distorsionar su contenido y, en ese gesto, poner en riesgo aquello que el Estado tiene la obligación de cuidar; el desarrollo, la dignidad y la integridad de niños, niñas y adolescentes.
