La propuesta de establecer un tope del 15% al porcentaje de los salarios que puedan ser afectados al pago de préstamos otorgados a los agentes municipales por la Mutual de Empleados del Concejo Deliberante está encallada en la fuerte resistencia por parte de la institución, a favor de la cual juegan algunos concejales que traban el trámite del proyecto. Se entienden las fintas: el límite supone acotar el fabuloso negocio financiero que la mutual desarrolla a partir de los créditos que da sin evaluar la situación de quienes los requieren, segura de cobrar porque tiene el código de descuento. La polémica no es nueva. Ya en 2012, los costos financieros de los créditos otorgados por la Mutual, que superaban el 120% anual entre los intereses y la cuota que se exigía a las víctimas al menos hasta que terminaran de pagar, precipitaron una controversia idéntica a la de ahora. La situación fue informada por El Ancasti y un sondeo realizado por la Municipalidad de la Capital detectó empleados que tenían más del 70% de sus salarios afectado al pago de cuotas de préstamos. El costo financiero total de los créditos de esta mutual contrariaba el decreto 246/11 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decía que no podía superar en más de un 5% la tasa fijada por el Banco de la Nación para préstamos para jubilados y pensionados.
La titular de la mutual, Inés Visñovezky, convocó entonces a una conferencia de prensa en la que alegó que la gestión de la institución arrojaba innumerables beneficios para los afiliados y desarmó un bolsón de alimentos para destacar que productos como la yerba eran de primera marca. La ronda se celebró en un ambiente muy tenso, debido a la presencia de sujetos que ostentaban una actitud intimidatoria hacia los periodistas. Pasado el chubasco, la Mutual del Concejo Deliberante siguió sin mayores inconvenientes con la usura. Es curioso que el mismo Concejo Deliberante aprobara en 2014, por unanimidad, una ordenanza para que la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad controlara la actividad de las casas de préstamos en la Capital sin que los engranajes del negocio de los créditos en la mutual del propio organismo, creada cuando las finanzas del SOEM entraron en colapso, dejaran de girar en perjuicio de los municipales. La situación ahora es peor que hace 6 años, incluso con agentes que no cobran porque la totalidad de sus emolumentos va a las fauces de la rapiña. Las tasas que aplica la entidad siguen siendo muy superiores a las de la banca, por encima incluso del margen del 7% sobre la informada por el Nación que el Gobierno provincial fijó como límite al lanzar en 2012 el frustrado Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura.
El Estado es cómplice del fraude no solo por la falta de controles. Un elemento clave para la proliferación del flagelo es, precisamente, el código de descuento que la administración pública otorga. Este sistema les ahorra a los usureros la fatiga de los trámites para cobrar. Se limitan a pasar por el cajero todos los meses para hacerse de sus dividendos. Si se tiene en cuenta que el monto de los intereses –el precio del dinero- está vinculado en gran parte al riesgo de recuperar lo prestado, el código de descuento debería resultar en una baja de los costos financieros, y no al revés, porque el prestamista cobrará indefectiblemente. El riesgo de la inversión para quien tiene código de descuento es cero ¿Por qué los intereses tienen que ser más altos? Hasta en esto deserta el Estado. Entrega los códigos de descuento sin exigir a los beneficiarios de tamaña ganga el más mínimo límite a la angurria. La usura, de esta manera, engulle salarios enteros y esquilma a sus víctimas con la anuencia de las autoridades.
