La desobediencia civil es un recurso de resistencia ante la tiranía de reconocida legitimidad política. Ejercida en Democracia pierde, inevitablemente, sustento. Sin embargo, y antes de acometer juicios apresurados y concluyentes, conviene analizar con cierta prudencia lo que viene sucediendo en algunos partidos del Gran Buenos Aires, y anticipa posibles ramificaciones en el resto del país, en donde se ha conformado con entusiasta participación de ciudadanos, no necesariamente enrolados en una facción política específica, la “Red de Desobediencia Civil para defender la Democracia”.
La organización viene actuando, con un creciente grado de articulación, desde que el tarifazo de los servicios públicos se acentuó este año. Gestado por mujeres y hombres que empezaron a detectar que son cada vez más las familias que no pueden hacer frente al inusitado incremento, se propone, lisa y llanamente, dejar de pagar las boletas.
En algunos casos se trata de una elección deliberada. Es decir, la decisión de dejar de pagar se funda en una opinión, que en resumidas cuentas sostiene que el aumento es exorbitante, injusto, que esconde el propósito de beneficiar a las empresas prestadoras, generando una formidable transferencia de recursos, y achicar el déficit fiscal a como dé lugar, sin importar las secuelas sociales de la medida.
En otros, la decisión es obligada, porque hay personas, familias, que no pueden afrontar el pago de las boletas sin quedar en una situación de vulnerabilidad económica de tal envergadura que les afectará acceder a otros consumos elementales.
No se conoce que haya prendido en Catamarca, al menos por ahora, la idea de la red que impulsa la desobediencia civil contra el tarifazo. Sí se conoce, en cambio, aunque no con información estadística específica, el aumento de los casos de familias que se “cuelgan” clandestinamente de la red de energía eléctrica por no poder pagar la factura.
No debería alentarse la desobediencia civil como herramienta habitual de oposición a medidas fastidiosas o anti popular. Sí parece razonable, en todo caso, la organización social para reclamar por vías legales o políticas, y para diseñar alternativas que procuren mesurar o anular los efectos de tales medidas.
De todos modos, queda claro que si en algunos lugares de la Argentina se desarrollan movimientos, con alto grado de organización, dispuestos a rebeliones de tal naturaleza, es porque hay un malestar importante que sirve como caldo de cultivo.
Es probable que las campañas de desobediencia civil no prosperen. O tal vez sí. Habrá que estar atentos a la evolución del problema. Pero sí hay certezas respecto de la inconveniencia –podría decirse incluso del error estratégico- de la implementación de medidas que, además de injustas, no tienen viabilidad política y social.
Los tarifazos, en definitiva, progrese o no la rebeldía ciudadana de negarse a pagarlos, dejan una enseñanza: las decisiones políticas no pueden adoptarse desde despachos alejados de los problemas mundanos y basados únicamente en la necesidad de que los números cierren. Hay personas, del otro lado, en los que impactan fuertemente las decisiones de los burócratas de turno.