El caso Maldonado y el “procedimiento Morales”

La consistencia del relato kirchnerista no precisa del esclarecimiento del “caso Maldonado”, sino que la Justicia arribe a las mismas conclusiones que la ex Presidenta.

"Sería muy fácil para mí, redituable políticamente, echarle la culpa a la Gendarmería”, mintió Cristina. Que la culpa se circunscriba a Gendarmería sería redituable para Macri, no para ella. Por eso tuvo que añadir “pero la (Gendarmería) que está hoy es la misma que estaba hasta el 2015 ¿Qué es lo que cambió? El Gobierno y el que le da las órdenes. Y las fuerzas de seguridad reciben órdenes”.
No vaya a suponer la Justicia y el Gobierno que para zafar del fuego revolucionario bastará con condenar unos gendarmes y a sus eventuales encubridores.

El legítimo reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado degenera así, “grieta” mediante, en la exigencia de sentencias adecuadas a las presunciones de una facción política. Un sector político ha decidido prostituir la causa, su figura máxima figura ha legitimado el procedimiento.
Ningún catamarqueño podrá dejar de remitirse al caso Morales.

La causa

El Estado nacional tiene la obligación moral e institucional indelegable de establecer qué pasó con Santiago Maldonado, desaparecido el 1º de agosto en Chubut, mientras efectivos de la Gendarmería nacional reprimían brutalmente una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof, que exigía la liberación de su dirigente Facundo Jones Huala. El Comité de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas exigió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva” para encontrar al joven.

Una testigo de identidad reservada declaró que vio a Maldonado huyendo de la Gendarmería hacia el río Chubut. Testigos informales aseveran haber presenciado la detención; algunos de ellos, cuando los requirieron para formalizar su testimonio en la causa judicial, adujeron que se habían hecho eco de dichos de terceros, a los que no identificaron.

La situación de la Gendarmería es comprometida. No informó desde un principio de la participación en el operativo de una camioneta del Escuadrón José de San Martín y de una Unimog y permaneció dentro del predio mapuche durante más de cinco horas.

La investigación judicial por la desaparición se inició por un recurso de hábeas corpus interpuesto por la familia de Maldonado. Luego se sumó la denuncia por desaparición forzada.

Los mecanismos institucionales tendientes a esclarecer el caso están en marcha. Que se lo consiga es otra cosa, pero la familia Maldonado y las organizaciones de derechos humanos tienen acceso al expediente y están en condiciones de incidir sobre su derrotero.

Sobre estos acontecimientos, seleccionando y enfatizando los elementos convenientes, se montan las operaciones facciosas dirigidas a lucrar política y electoralmente con el gravísimo incidente a través de la manipulación de una exigencia popular legítima.

Es el mismo procedimiento que se aplicó en Catamarca con el caso María Soledad Morales, así que no es impertinente denominarlo “procedimiento Morales”, sobre cuyos efectos los catamarqueños están en condiciones de dar cátedra al país: escándalos y grotescos a lo largo de casi una década para arribar finalmente a una sentencia basada en frágiles indicios, que no alcanzó a suturar las profundas heridas legadas por un litigio político visceral, rabioso.

Currícula envenenada

En el contexto de maniobras activadas menos para determinar el paradero o el destino de Santiago Maldonado que para utilizarlo como abono político, CTERA abrió otro andarivel para la controversia al distribuir un instructivo para que los docentes desarrollen actividades escolares vinculadas al caso. El ministro de Educación de la Provincia, Daniel Gutierrez, estimó que la iniciativa puede ser conveniente como disparadora de reflexiones en el aula acerca de los derechos humanos.

La apreciación del responsable máximo de la política educativa provincial omite las circunstancias en que se precipita la propuesta de CTERA y su sintonía con las expresiones de la doctora Fernández de Kirchner, que inscribió la desaparición de Maldonado en una presunta línea represiva del Gobierno nacional que no trepidaría en incursionar en el terrorismo de Estado con tal de conseguir sus metas.

Es la orientación que el kirchnerismo y otros sectores políticos pretenden imprimir al caso Maldonado lo que provoca resistencia tratar el tema en las escuelas, no el caso en sí mismo. Avaladas por la opinión de Gutierrez, algunas escuelas pusieron en marcha la propuesta de CTERA, lo que precipitó reacciones adversas de padres temerosos de que se envenene la currícula de sus hijos.

Similares sentimientos asaltaban a muchos padres cuando en la década del ’90, ya cuando el FCS había desalojado al saadismo del Gobierno, se impartían en las escuelas contenidos vinculados al caso Morales o se llevaba a los alumnos a ver la película “El Caso María Soledad”, de Héctor Olivera.
Que en la escuela se debatan temas de la actualidad política podría ser de lo más saludable. Pero las desmesuras que se promueven en la “grieta”, el odio que se cataliza a través de ella, demanda prudencia.

La mesura no tiene por qué estar reñida con la energía para exigir respuestas al Estado.

Es preciso abstraerse de la “grieta”.

Rechazar el “procedimiento Morales” no invalida un ápice la interpelación al Gobierno nacional. Por el contrario, reduce su margen para aprovechar la bulla de los desatinos e intentar coartadas tendientes a eludir la respuesta al interrogante de la hora: ¿Qué pasó con Santiago Maldonado?