El proceso acelerado de endeudamiento de la Argentina en el último año y medio, si no se toman recaudos para que los fondos se destinen al desarrollo productivo argentino, será “pan para hoy y hambre para mañana”.
Es decir, resolverá problemas coyunturales –por ejemplo, financiar el déficit y la fuga de capitales-, pero ocasionará graves problemas en el mediano y largo plazo, pues si no crece la economía en los próximos años a un ritmo por lo menos cercano al 5% será imposible afrontar el pago de los intereses sin altísimos costos sociales, como ya ha sucedido en anteriores ciclos de endeudamiento.
Una gran proporción de esa deuda fue destinada precisamente a financiar el déficit y la fuga de capitales. Hay, sin embargo, excepciones que merecen mencionarse, como por ejemplo los créditos tomados del Banco Interamericano de Desarrollo, que hasta 2018 le prestará a nuestro país 6.000 millones de dólares para obras de infraestructura.
En lo que va de 2017 se pagaron, en concepto de intereses de la deuda pública, 1.100 millones de dólares por mes. Al mismo tiempo, el déficit público es de 2.600 millones de dólares por mes, lo que significa que el pago de intereses representó el 42 por ciento del desequilibrio de las cuentas fiscales. Dos años antes, el pago de intereses de la deuda era del 26 por ciento del déficit.
La causa de los incrementos de las erogaciones públicas en el presente ejercicio es netamente electoral. De hecho, los “brotes verdes” que se observan obedecen al impulso del gasto estatal primario, que este año fueron, en el período que abarca los primeros siete meses, 12.000 millones de dólares en comparación con el mismo lapso del año pasado.
Los datos fríos, oficiales, indican que en el actual período aumenta tanto el déficit como el pago de intereses de la deuda, un combo explosivo si, como se dijo, no se resuelve con recursos genuinos que provengan de una expansión del Producto Bruto Interno.
Como un incremento de ese ritmo no es esperable ni en los pronósticos más optimistas para los próximos dos años, y como además el Gobierno no planea aumentar los impuestos sino, por el contrario, disminuir la presión tributaria, lo que se aguarda para luego de las elecciones y durante 2018 es una batería para bajar el déficit apelando a un fuerte recorte de los gastos del sector público.
Las opciones son disminuir las partidas para obras públicas –lo que repercutiría negativamente en el ritmo de la actividad económica-, los subsidios a los servicios públicos, recursos para salud y educación y programas sociales, por ejemplo, medidas que en conjunto afectarán a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Se trata de medidas que el mundo financiero y empresario le piden aplicar al gobierno para que nuestro país pueda convertirse en receptora de inversiones, pero el costo social puede ser tan alto como inviable.
En esa encrucijada se encuentra la Argentina. De modo que antes de cualquier ajuste lo que debe venir es un amplio debate sobre un proyecto económico y de desarrollo estratégico que involucre a todos los sectores y tenga como escenario principal al Congreso de la Nación.