Si bien el tema de la desaparición de Santiago Maldonado es el que más debate genera en la actualidad, uno de los problemas estratégicos que subyace, además del reclamo de los pueblos originarios por el territorio, es el del proceso de extranjerización de la tierra.
Frecuentemente ambos temas están relacionados: la comunidad mapuche donde presuntamente desapareció Maldonado luego de un operativo de Gendarmería reclama alrededor de mil hectáreas del millón que el magnate italiano Luciano Bennetton compró en la provincia de Chubut.
En algunas provincias el porcentaje de las tierras rurales en manos de personas o firmas extranjeras es alto, aun cuando todavía está dentro del tope del 15% permitido por la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011. Una de ellas es Catamarca, que tiene un 12,08% en esa condición, siendo superada solo por Misiones (13,88%) y Corrientes (13,86%).
Por lo general, los extranjeros que invierten en la Argentina en inmuebles rurales se quedan con las porciones de tierras que albergan los recursos naturales más valiosos, como las de mejor perfil productivo o las que contienen acuíferos de gran importancia o reservas de minerales.
El proceso de extranjerización amenaza con profundizarse a partir del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri el año pasado, que modificó la ley de 2011 –lo cual, además es cuestionado por inconstitucionalidad-. El decreto es el 820/2016 y define que se considera titular extranjero al que posea “más del 51% del capital social de una persona jurídica”. La ley modificada establecía, en cambio, que se definía como extranjero a quien sea titular de “un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)”.
Entre los extranjeros, los estadounidenses son los que más tierras argentinas poseen: poco más de 3 millones de hectáreas. Le siguen los italianos, con 2 millones trescientos mil y los españoles, con poco más de 2 millones cien mil.
En Catamarca no existe casi información sistematizada disponible, pero se sabe que desde hace más de una década hay fuertes inversiones españolas en tierras que son utilizadas como cotos de caza en los departamentos Paclín y Santa Rosa.
Por otra parte, inversores de origen chino habrían adquirido parte de las tierras del área de las Termas de Fiambalá. Pero se trata de tierras en las que existen recursos naturales estratégicos como uranio, oro, cobre, plata, molibdeno, litio y minerales raros, como tantalio y tantalita, según denunció la abogada Rosario Andrada.
Además, estarían localizadas en zonas consideradas como reservorios de biodiversidad y de seguridad fronteriza, por lo que no podrían estar en manos privadas, mucho menos extranjeras.
Como se puede apreciar, se trata de debates estratégicos que deben ser encarados con responsabilidad y seriedad, teniendo como presupuesto básico la defensa de la soberanía, que se ejerce básicamente en la pertenencia territorial.
La modificación por decreto de la Ley de Tierras está orientada en el sentido contrario.
