Que el conflicto por la sucesión en la
municipalidad de Ancasti haya detonado por la muerte en circunstancias trágicas
del intendente Antonio "Gato” Córdoba reviste al caso de características
singulares que, sin embargo, no bastan para distinguirlo de otros episodios
municipales escandalosos. Sensibilidades al margen, no es conveniente perder de
vista que convergen en el sainete ancasteño los intereses políticos de
oficialistas y opositores y, más importante, lo que significa el control de un
municipio por minúsculo que sea, en términos políticos y económicos.
Los lamentos por la desaparición de
Córdoba, el peronista que consiguió quebrar en 2015 una hegemonía radical que
ya pisaba el cuarto de siglo, quedaron rápidamente atrás para dar paso a las
maniobras tendientes a suplantarlo.
Dada la composición del Concejo
Deliberante, una primera lectura indicaba que el municipio iba a cambiar de
manos y que el sucesor del intendente sería radical. El FCS tiene dos ediles, Rodolfo
Santillán -presidente del cuerpo- y Flavia Montani, contra solo uno del Frente
para la Victoria, Roberto Arroyo, que es el vicepresidente. Conforme a la ley,
Córdoba debía ser reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante -Santillán-
en forma interina, hasta que el mismo Concejo Deliberante decidiera quién sería
el intendente definitivo, que debía convocar a elecciones.
Radicales y peronistas advirtieron el
problema institucional que se avecinaba ya cuando Córdoba fue arrastrado por la
correntada del río Dulce mientras pescaba, dos días antes de que el hallazgo de
su cuerpo confirmara lo que todos temían.
Cuando se fue a pescar, Córdoba no tomó la
precaución de firmar el traspaso de mando al presidente del Concejo Deliberante,
Santillán, porque no tenía cómo imaginar que el río iba a traicionarlo al punto
de no permitirle volver. Como no volvió y no había traspaso de mando, el
municipio de Ancasti quedó formalmente acéfalo.
Confirmada la muerte, peronistas y
radicales comenzaron a planificar sus estrategias, para retener Ancasti unos,
para recuperarlo los otros.
Boicots
sucesivos
Santillán, que no era intendente porque el
extinto Córdoba no había cumplido el trámite formal del traspaso, convocó a
sesión del Concejo Deliberante 48 horas después del hallazgo del cuerpo, con
intenciones obvias: aprovechar la ventaja de dos a uno del FCS sobre el
peronismo para hacerse ungir intendente en forma definitiva y munirse así de la
potestad tanto de convocar a las elecciones como de ocupar los casilleros que
despejaría despidiendo al funcionariato de Córdoba y administrar las rentas
locales. De ahí que el peronismo se movilizara de inmediato para boicotear la movida,
cosa que logró.
La escandalosa jornada del sábado arrojó un
acta-acuerdo por la cual el radical Santillán quedaba a cargo de la
intendencia. De este modo, especulaban los peronistas, sacarían de la cancha al
presidente del Concejo Deliberante, ya que no se puede ser intendente y
concejal al mismo tiempo, y la relación de fuerzas quedaría empatada uno a uno,
Montani (FCS) vs. Arroyo (FV). En su calidad de vicepresidente, Arroyo quedaría
a cargo de la Presidencia del cuerpo y desempataría, lógicamente a favor de sí
mismo, de modo que sería el intendente definitivo.
En ese punto, tocó el turno del boicot a
los radicales. En una reunión realizada en el Ministerio de Gobierno para
intentar acordar una salida, alegaron que el acta no tenía validez y que
Santillán cesaba en sus funciones de intendente. Lógica reacción: necesitan que
Santillán siga siendo concejal para que pueda votarse y ser luego intendente.
De ahí: Ancasti está acéfalo de hecho,
aunque el oficialismo sostenga que Santillán es el intendente.
La polémica embuda hacia la Justicia.
Sistemático
Estos entreveros en los Concejos Deliberantes
no son nuevos. Los intendentes, aún sin morirse, están expuestos a movidas de
mayorías circunstanciales de los cuerpos deliberativos, lo cual no significa de
ningún modo que sean castas torcazas: la acechanza los conduce a todo tipo de
manipulaciones institucionales, incluidos los sobornos y las expulsiones
arbitrarias, para que no los desbanquen a la primera de cambio.
Sonados incidentes fueron protagonizados,
por ejemplo, por el santarroseño Elpidio Guaraz, quien procedió a clausurar un
Concejo Deliberante adverso para armarse uno a su medida expulsando a los
insumisos y consagrando presidenta de uno paralelo a su hermana.
En extendidos tramos de sus anteriores
gestiones, el intendente chacarero Gustavo Roque Jalile no se movía de su cargo
para no tener que cederlo circunstancialmente al presidente del Concejo
Deliberante, que era peronista y le había vuelto la vida un incordio.
En 2009, el intendente Daniel Polti fue
suspendido por el Concejo Deliberante de Recreo y reemplazado por la concejal
Ingrid Barrera, quien luego entró en litigios con el concejal Rubén Ceballos,
que finalmente la suplantó, todo en medio de acusaciones por maniobras
fraudulentas con los recursos comunales. La saga incluyó una heroica
resistencia de Polti atrincherado en el palacio municipal, similar a la que
poco antes había protagonizado Mónica Hernández, intendenta de San José (Santa
María), destituida por supuestos fraudes con las regalías mineras.
Los casos referidos no agotan la
casuística. La persistencia de los escandaletes institucionales, no obstante,
es indicio de la necesidad de perfeccionar el régimen municipal que se suma al
más gravoso de todos: el amplio margen para las corruptelas que tienen los
intendentes en el interior, donde los controles sobre el manejo de los recursos
públicos son de una ineficacia tal que constituyen antes alicientes a la estafa
que restricciones a la arbitrariedad.
Los procesos administrativos del Tribunal
de Cuentas se extienden años y la Justicia no acciona, de manera que los jefes
comunales tienen aún más posibilidades de salir impunes que el funcionariato
provincial, lo que es decir mucho.
Las prisiones de Carlos Fabián y José
Carrizo, ex intendentes de Antofagasta de la Sierra y Puerta de Corral Quemado,
respectivamente, son excepcionales y los procesos en contra de ambos fueron
instigados por sus sucesores, que eran de signo político contrario.
Además de lo que implica en términos
estrictamente políticos, se entiende entonces la desesperación y la falta de
escrúpulos para ganar una intendencia.
Hipótesis
Para el caso de Ancasti, lo mismo sería que
a Córdoba le hubiera dado un infarto en ejercicio de sus funciones en lugar de
morir arrastrado por el torrente. Tampoco hubiera existido acta de traspaso de
mando, de modo que la situación política y el problema institucional serían idénticos.
La controversia terminará en la Corte de
Justicia, con un conflicto de poderes que habrá que ver quién plantea, puesto
que tanto Santillán, intendente remiso, como Arroyo, intendente aspirante, se
atribuyen la Presidencia del Concejo Deliberante.
La política, otra vez, se judicializará, salvo
que el Gobierno proceda a la intervención para salvar los vacíos legales.
Cualquiera sea el desenlace, acaso resulte
pertinente avanzar en una revisión del sistema legal que rige para los
municipios, cosa de evitar nuevos papelones por interpretaciones encontradas en
torno a la acefalía.
CAJÓN
Los lamentos por la desaparición de Antonio
"Gato” Córdoba quedaron rápidamente atrás para dar paso a las maniobras tendientes
a suplantarlo.
