Una mirada sesgada sugiere que la represión de la última dictadura militar habría tenido en Catamarca una expresión tenue, marginal o prácticamente inexistente. La evidencia histórica, sin embargo, desmiente categóricamente esa narrativa. La documentación actualmente disponible en el denominado Archivo de la Memoria Catamarqueña es concluyente: son 57 las víctimas catamarqueñas asesinadas o desaparecidas entre 1976 y 1983.
Ese registro incluye a diez catamarqueños secuestrados o asesinados dentro del territorio provincial, pero también a comprovincianos capturados en otras jurisdicciones y a personas con vínculos familiares o biográficos con Catamarca. En varios de esos casos, la verdad tardó décadas en emerger. Los restos de algunas víctimas fueron recuperados en sitios de enterramiento clandestino, como el Pozo de Vargas, en Tucumán, donde se logró identificar a desaparecidos catamarqueños.
Conviene además recordar que la represión en Catamarca no comenzó con el golpe del 24 de marzo de 1976. Ya antes, el aparato estatal había desplegado mecanismos de persecución y violencia política. El episodio más brutal de ese período previo fue la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida el 12 de agosto de 1974. Allí, catorce guerrilleros del ERP fueron asesinados por el Ejército luego de una operación fallida de copamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportado N° 17. Las pruebas acumuladas indican que las víctimas se habían rendido y estaban desarmadas cuando fueron ejecutadas. A pesar de la contundencia de los testimonios y evidencias, el caso continúa impune.
Antes y después del golpe, más de un centenar de detenciones por razones ideológicas o de militancia dan cuenta de un clima de hostigamiento permanente. Si bien la provincia no contó con grandes centros clandestinos de detención, sí funcionaron espacios provisorios donde se alojaba ilegalmente a detenidos políticos, quienes luego eran trasladados a Tucumán, epicentro del Operativo Independencia desde 1975 y nodo clave del circuito represivo regional.
La violencia estatal no se limitó a la persecución de militantes políticos. Durante toda la vigencia del régimen militar, los catamarqueños padecieron, como el resto de los argentinos, el avasallamiento sistemático de las libertades individuales y de los derechos constitucionales. Hubo razzias policiales frecuentes y particularmente violentas, dirigidas contra mujeres en situación de prostitución y contra personas de la diversidad sexual, en un contexto de disciplinamiento social que excedía lo estrictamente político. A ello se sumaron las cesantías masivas en la administración pública. En paralelo, grupos de tareas llevaron adelante atentados con explosivos en automóviles y viviendas particulares, extendiendo el terror a la vida cotidiana de la población.
A cincuenta años del golpe que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina, el desafío sigue siendo el mismo: sostener la memoria del horror vivido. Sin distinciones partidarias ni especulaciones coyunturales, corresponde reafirmar el compromiso colectivo con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos. Porque sólo a partir de ese consenso profundo podrá garantizarse que el "Nunca Más" no sea una consigna vacía.
