Pensar en el futuro de la economía del país, en sus posibilidades de desarrollo sustentable, exige colocar a las pequeñas y medianas empresas en un lugar central, en vista de que la inmensa mayoría de las firmas con sede en la Argentina pertenecen a este sector.
La cifra es impactante: de acuerdo con los datos de la plataforma “GPS de empresas: datos y análisis de las pymes argentinas”, que depende del Ministerio de Producción de la Nación, en nuestro país existen 605.626 empresas activas, de las cuales el 99,8% son pymes (83% microempresas y 16,8% medianas empresas), y apenas el 0,2% restante son las denominadas grandes compañías.
De modo que concebir un modelo a la medida de las grandes empresas, suponiendo que si el Estado genera condiciones favorables a este sector y como consecuencia de esa política vendrán inversiones extranjeras que producirán a su vez un derrame de los beneficios, es una apuesta que encierra un grave riesgo: descuidar el mundo pyme, que es un fuerte dinamizador de la economía interna y gran generadora de mano de obra.
El modelo instaurado en el país desde diciembre de 2015 no ha otorgado, hasta el momento, demasiados beneficios para las pequeñas y medianas empresas. La profunda recesión del año pasado, combinada con un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos, provocó la quiebra de miles de estos actores económicos.
Las pymes más comprometidas son las orientadas a la producción industrial, pues a los factores mencionados deben añadirle la apertura, en algunos casos indiscriminada, al ingreso de productos importados de países con los cuales la Argentina no puede competir si no hay una red de protección estatal.
El 2017 finalizará con un leve repunte en los indicadores macroeconómicos aunque no en el consumo. Sin embargo, el respaldo electoral que recibió el gobierno tiene su correlato entre las asociaciones empresarias, incluida la de CAME, entidad gremial que nuclea y representa a pequeñas y medianas empresas en Argentina.
Precisamente esta entidad emitió hace días un documento en el que señala su apoyo al programa de reformas que impulsa el gobierno. Algunos instrumentos le interesan al sector más que otros. Por ejemplo, el proyecto de reforma a la ley de mercados de capitales que procura, según el discurso oficial, generar nuevas herramientas para financiar a las pymes. Este proyecto ya tiene despacho favorable de un plenario de comisiones de los diputados nacionales y es probable que sea tratado hoy en la sesión de la Cámara baja.
La reforma laboral, que no es una buena noticia para los trabajadores, podría favorecer a las empresas si logra “bajar el costo laboral”.
En definitiva, las pymes y sus entidades representativas se encuentran en un estado deliberativo, aunque por ahora con apoyo al gobierno, en un intento de insertarse convenientemente en un modelo económico que hasta el momento les ha resultado más perjudicial que beneficioso.
El gobierno debería generar políticas más activas para que este sector clave retome su dinamismo y lo transmita al resto de la economía.
