Aunque haya que esperar el desenlace del sumario policial y las investigaciones judiciales sobre el caso de los aspirantes a policías internados con graves problemas renales tras una jornada de entrenamiento bajo 40 grados de calor en Las Pirquitas, algunos elementos surgidos de la
dinámica informativa marcan la vigencia de una concepción que vincula brutalidad con eficacia.
Que los jóvenes sometidos a diálisis sean cinco pareciera indicar que, en efecto, hubo una exigencia excesiva de los entrenadores. La deficiencia renal deviene de deshidratación y la hidratación de los muchachos debería haber merecido, dado el calor agobiante en el que desarrollaban los ejercicios físicos, especial atención de quienes los supervisaban, pero hasta no contar con elementos que prueben lo contrario no puede descartarse la casualidad de que cinco policías vocacionales pasaran controles médicos sin que les advirtieran vulnerabilidades.
Todo puede ser.
No obstante, la polémica muestra por lo pronto dos bandos. Uno cuestiona los "bailes” como anacrónica rémora del derogado servicio militar, el otro los defiende a rajatabla como método idóneo tanto para proporcionar a los futuros policías un estado físico óptimo, como para templarles el carácter.
Lo del estado físico óptimo que deben tener los encargados de velar por la seguridad pública es inobjetable, aunque también puede señalarse que alcanzar tal estado no demanda necesariamente poner en peligro la salud de nadie antes de determinar si es o no apto para
las tareas que pretende desempeñar.
De todos modos, más importante es detenerse en el segundo punto, vinculado a la formación ética de sujetos que ejercerán un oficio en el que la violencia es un gaje lamentablemente cada vez más frecuente, manipularán armas y tendrán que hacer valer su autoridad sobre terceros.
Ha de considerarse el peligro potencial que significa darle poder a un individuo en excelentes condiciones físicas, armado y preparado para la violencia, sin inculcarle al mismo tiempo criterios para que se abstenga de los abusos. Esta es, o debería ser, la médula de la discusión sobre
las características profesionales de las fuerzas de seguridad, mucho más cuando
a la demanda social por mayor presencia policial se le responde desde la política con la incorporación a mansalva de efectivos, como si una lógica meramente cuantitativa fuera a atemperar el flagelo de la inseguridad.
La brutalidad como principio
El discípulo más aventajado suele ser el que supera al maestro. De ahí, si en las instancias formativas el ejemplo de los formadores incluye en gran medida abusos y exigencias irracionales hacia los subordinados, indefectiblemente tales conceptos serán incorporados por los cuadros
policiales en ciernes como componentes de la deontología profesional. Súmese a esto el manto de protección corporativa que se tiende por lo general para preservar a quienes incurren en vejaciones y hasta delitos, y se comenzará a entender dónde nacen la "policía brava” y todos sus
lamentables y criminales sucedáneos.
El incidente de los aspirantes debe esclarecerse a través de un proceso transparente a la opinión pública no solo para determinar si en efecto los instructores aplicaron métodos pedagógicos inaceptables.
Esto contribuiría a mejorar el concepto que la sociedad tiene de la Policía, pero acaso será más significativo el impacto entre la propia tropa policial, en el sentido de que procedimientos reñidos
con la humanidad y la decencia no serán admitidos bajo ninguna circunstancia.
En este sentido, sería pertinente revisar como lo que los aspirantes maman en la instrucción, sea en términos de contenidos o de ejemplos, se traduce luego en el ejercicio de la función policial, pues en esto de la dialéctica entre maestros y discípulos no sería extraño que los segundos concluyan, llegado el caso, que el docente abusivo ha de ser superado por el alumno abusivo
y medio.
No será redundante recordar que se habla de la Policía que en 2013 se rebeló y mantuvo sitiada la Casa de Gobierno, con tiros incluidos.
Investigaciones
Alcanza un repaso rápido por los archivos para verificar cómo se han incrementado las denuncias contra policías por vejaciones, con picos dramáticos.
En 2012, por ejemplo, el joven Diego Pachao murió en circunstancias que se determinarán en juicio tras permanecer detenido en la Comisaría Séptima, la misma que esta semana volvió a ser denunciada por presuntos apremios a un muchacho detenido por liarse a puñetazos con el hijo de un jerarca policial, al que no detuvieron.
Otro caso recordado es el de Ricardo Paucará, que estuvo internado varias semanas para curarse las lesiones sufridas en una feroz golpiza que le dieron efectivos policiales en julio de 2015.
Es curioso que de la mayoría de los sumarios e investigaciones iniciados luego de cada denuncia por vejaciones se desconozcan resultados. Las indagaciones bien podrían absolver a los denunciados, pero, si tal fuera el caso, lo que llama la atención es que no se proceda contra los denunciantes falaces en tren de reivindicar a la Policía colocada por ellos bajo sospecha.
Al respecto, la madre de uno de los aspirantes internados aludió públicamente a presuntas "presiones” del secretario de Seguridad, Marcos Denett, y el jefe de Policía, Orlando Quevedo, para disuadir a los damnificados de profundizar en la polémica, que ya acumuló cuatro denuncias
