|| CARA Y CRUZ ||

Quevedo confirma

8 de septiembre de 2016 - 04:05 Por Redacción El Ancasti

En su debut ante la prensa como Jefe de Policía, el comisario general Orlando Antonio Quevedo eligió confirmar la extendida, y sufrida, presunción social. "En la mayoría de los delitos –dijo- los delincuentes están drogados”. Explicó que "el delito va cambiando. Está comprobado que no solo se comete un simple robo o hurto, sino que también se usan armas. Todo tiene que ver con la drogadicción. Uno ha visto en los procedimientos y vemos la reacción de los detenidos, y notamos que la mayoría está bajo los efectos de sustancias”, ratificó. Establecida esta visión del nuevo Jefe sobre la estrecha relación que existe entre el incremento de la inseguridad y las drogas, en un todo coincidente con lo que la sociedad percibe, es de esperar que se comience a avanzar en el diseño y aplicación de políticas consistentes e integrales para combatir el flagelo de las adicciones. Tal expectativa tiene más aliento si se considera la desaparición del elemento de conflicto que teóricamente conspiraba contra la eficacia de esta lucha en el ámbito específico de la seguridad: los cambios en la cúpula policial se realizaron para terminar con las disidencias entre el Jefe desplazado, Julio César "Suri” Gutiérrez, y el secretario de Seguridad, Marcos Denett. El propio Quevedo señaló que la salida de su antecesor estuvo vinculada a su falta de "alineamiento con la Secretaría de Seguridad”. Satisfechos los deseos de Denett, el tiempo dedicado a las internas con Gutiérrez podrá dedicarse a atender el peligroso frente del delito consolidado sobre las drogas.

Sin embargo, no se trata solo de los esfuerzos aislados que pueda hacer la Policía. De hecho, los operativos antidrogas se hicieron más intensos y frecuentes, ya desde que la Jefatura fue ocupada por "Suri” Gutiérrez, aunque no se sabe a ciencia cierta si por el cambio en las estrategias policiales o por el aumento del tráfico. El fenómeno del narcotráfico y las adicciones comenzó a extenderse en Catamarca de modo evidente hace al menos una década, sin que los organismos ejecutivos y judiciales de la Provincia y la Nación acertaran a contenerlo. Desidia e incompetencia se conjugaron para permitir que lo que hasta hace unos años era amenaza se convirtiera en el elemento de mayor incidencia en el proceso de descomposición social. No faltaron las advertencias en todo ese tiempo, pero se las desestimó irresponsablemente y se permitió así que el funesto flagelo arraigara. La acción policial se centra sobre todo en la represión y persecución de narcotraficantes grandes, medianos y chicos, y la eventual captura de delincuentes que actúan embrutecidos por la droga, pero las notorias fallas en el plano de la prevención y el tratamiento de los enfermos marcan la ausencia de acciones coordinadas que involucren a otros organismos del Gobierno y al Poder Judicial. No sería correcto hablar de un fracaso: se fracasa cuando se acciona, y en este caso lo que hubo es lisa y llana indiferencia oficial de las distintas facciones políticas que pasaron por las administraciones provincial y nacional.

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Editorial

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A propósito de la indiferencia y la subestimación del devastador efecto que tienen las drogas, desde el 3 de diciembre del año pasado vegeta en algún cajón del Senado provincial un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que declara la "emergencia provincial en materia de adicciones”. La iniciativa fue impulsada por la diputada opositora Marita Colombo y la Cámara baja la aprobó el 25 de noviembre. Se dirá, no sin razón, que declarar emergencias es insuficiente, pero la ley, si los senadores se sacuden las itas y la aprueban, puede ser un instrumento valioso en pos de requerir auxilios nacionales en lo que hace a recursos económicos y humanos. En este sentido, el edificio del Centro de Prevención Local de Adicciones quedó sin construir, y el trabajo debe realizarse precariamente en una canchita de fútbol, a la intemperie, porque la Nación no destrabó el financiamiento. Capaz nomás que los jerarcas nacionales suponen que la situación en Catamarca no da para tanto. No vendría mal, entonces, que la Provincia asuma su gravedad institucionalmente.