El derrotero judicial del conflicto por 42 agentes municipales despedidos en Antofagasta de la Sierra y los fallos del Tribunal de Cuentas que condenaron a los ex intendentes Pablo Názar (Chumbicha) y Simón Quintar (Tinogasta) marcan el descontrol administrativo que reina en los municipios del interior. Son millones de pesos escurridos por el resumidero de maniobras que conjugan impulsos venales, mera inoperancia y revanchas facciosas, pero al margen de eso marcan una calidad institucional menesterosa que demanda reformas en el sistema de seguimiento de las administraciones comunales. Las sanciones sobre Názar y Quintar obedecen a deficiencias en las rendiciones de cuentas que presentaron antes de dejar sus cargos, en diciembre de 2011. El caso de Názar parece ser el más grave, al punto que ameritó la presentación de una denuncia penal. Se lo acusa de haber fraguado operaciones de alquiler de maquinarias, construcción de cordones cuneta y compra de alimentos y materiales de construcción. En la investigación se descubrieron facturas por alquiler de maquinarias a nombre de una mujer oriunda de Santiago del Estero que no prestó jamás servicios a la comuna y ni siquiera tiene una empresa. Aparte de responder ante la Justicia, Názar y su ex secretario de Hacienda deben devolver más de 5 millones de pesos. El tinogasteño Quintar, por su parte, no pudo presentar la documentación para justificar varios gastos y tiene que devolver un millón de pesos. Los dos ex intendentes alegaron que la documentación que falta estaba en los respectivos archivos municipales y que ellos no pueden hacerse cargo de las eventuales negligencias en que hayan incurrido sus sucesores para conservarlas, si es que no las retuvieron con fines políticos.
Más allá de las explicaciones que los castigados ensayaron públicamente, un dato saliente es que el Tribunal de Cuentas demoró nada menos que seis años para detectar las presuntas irregularidades, mora que los condenados han de tratar de aprovechar para sacudirse las responsabilidades. Názar ya presentó una acción contencioso-administrativa en la Corte de Justicia. Considera que las actuaciones en su contra son nulas, porque recusó a uno de los integrantes del TC que, según dice, le tenía "animadversión”. Sea por ineficiencia del TC, por su escasez de recursos humanos y materiales, por lo vetusto del sistema de controles o por algún otro motivo menos digno, lo cierto es que el tiempo que lleva desarrollar las auditorías sobre las cuentas municipales y provinciales conspira contra la eficacia de su tarea. Es de esperar que Názar y Quintar no se resignarán a abonar los montos que se les exigen sin corcovear, con lo que el sexenio ya transcurrido se extenderá vaya a saberse hasta dónde. Y de las acciones judiciales, casos muchos más graves llevan ya más de una decena de años circulando entre artilugios leguleyos. Avanzar en reformas que permitan controles más ajustados, incluso concomitantes con las acciones administrativas, es un requisito impostergable ya si se pretende transparentar el manejo de los recursos públicos.
Por otro andarivel, estrictamente judicial, corre el caso de los 42 agentes municipales que el intendente de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, despidió apenas asumió con el argumento de que habían sido promovidos por su antecesor, Carlos Fabián, encartado por malversar regalías mineras. La Corte de Justicia ordenó reincorporar a los trabajadores y abonarles los sueldos adeudados. Si bien la municipalidad puneña anticipó que apelará la sentencia, no es probable que tenga suerte, de modo que deberá afrontar importantes costos, para lo cual, qué duda puede caber, recurrirá al auxilio del Tesoro Provincial. Taritolay aseguró que las finanzas municipales no permitían pagarle a los designados sobre la hora por Fabián, pero ATE denunció que desde los despidos la plantilla del municipio se engordó con otros 90 agentes.