Cuando se asiente la polvareda que levantan las causas por corrupción que se ventilan en los tribunales federales, emergerán otras preocupaciones en la consideración de los debates públicos.
Cuando se asiente la polvareda que levantan las causas por corrupción que se ventilan en los tribunales federales, emergerán otras preocupaciones en la consideración de los debates públicos.
Preocupaciones que están muy vigentes en los ciudadanos que observan con hartazgo las peleas dirigenciales y se preguntan si las políticas públicas empezarán a dar los frutos prometidos. Porque lo que emergerá a la superficie serán básicamente los problemas vinculados con la economía.
Los temas "nacionales” prácticamente han eclipsado los provinciales. Pero es probable que a partir de la apertura del período de sesiones legislativas el enfoque se modifique e irrumpan los problemas provinciales.
Es un hecho que durante su discurso del 1° de mayo la gobernadora Lucía Corpacci anunciará el incremento salarial para los empleados públicos provinciales. La incertidumbre, sin embargo, no se reduce al porcentaje del aumento de los haberes. Hay enormes expectativas respecto de la actitud que adoptará el Gobierno provincial en lo que se refiere a la asistencia a municipios para hacer frente a las actualizaciones salariales de los trabajadores de las comunas, que son, especialmente en el interior, los empleados públicos peor pagos.
La posición hasta ahora es la de no brindar asistencia financiera a los municipios, más allá de las que se puede canalizar a través de mecanismos formales como el Fondo de Desarrollo Municipal.
Esta indiferencia provincial puede ser lógica como presupuesto discursivo, pero llevada taxativamente a la práctica implicaría que varias municipalidades no estarían en condiciones de otorgar aumento alguno, pues los gastos salariales ya superan lo que reciben en concepto de coparticipación, y en muchas otras incrementos muy por debajo de los niveles inflacionarios.
De modo que si el Gobierno provincial pretende evitar la proliferación de conflictos municipales en los distintos puntos cardinales del territorio provincial, como los que ya se empiezan a hacer sentir en algunos departamentos, deberá rever su estrategia de prescindencia, más allá incluso de la ley que les garantiza autonomía política y económica.
La dependencia municipal respecto de la Provincia se replica entre ésta y la Nación. El Gobierno central aspira a que la asfixiante situación financiera, producto de la recesión de la economía, empiece a mejorar en el segundo semestre, si es que empieza a haber un flujo de inversiones extranjeras en el país y/o se abre el mercado de capitales para que el Estado pueda acceder a créditos con mejores tasas que las disponibles actualmente.
Pero no parece razonable que, en virtud de esta cadena de dependencias, la suerte de los trabajadores municipales del interior catamarqueño esté en manos de la decisión de empresarios extranjeros o banqueros que basan su accionar en la rentabilidad y no en la preocupación por los problemas sociales de los sectores asalariados.
De modo que el Estado -nacional, provincial y municipal-, deberá asumir actitudes proactivas enderezadas a lograr un funcionamiento sustentable del sector público y de promoción de la actividad privada, sin esperar los milagros del mercado.La pasividad puede ser una actitud peligrosa en tiempos en que la estrechez financiera vuelve a tener plena vigencia.
El Estado deberá asumir actitudes proactivas enderezadas a lograr un funcionamiento sustentable del sector público y de promoción de la actividad privada.