Las conflictivas elecciones desarrolladas
el pasado domingo en la provincia de Tucumán han puesto en evidencia la crisis
del sistema electoral argentino. El sistema electoral no abarca solo, como
podría interpretarse a juzgar por lo escuchado y leído en estos últimos días,
la etapa final de ese proceso, es decir, la manera en que se hace efectivo el
voto, sino que incluye también otros aspectos.
La instrumentación del sufragio debería
resolverse a través de la boleta electrónica, que otorga mayores garantías de
celeridad, sencillez y transparencia. Pero además es preciso revisar en cada
jurisdicción los vicios que suelen operar como mecanismos distorsivos o que
generan confusión, como el sistema de colectoras o de acople, tal el que
funciona en la vecina provincia.
Todas las reformas electorales que se
impulsen para otorgar transparencia deben ser alentadas, pero sería una utopía
suponer que con modificaciones en las leyes electorales se solucionan otros
problemas, como el clientelismo aplicado a las prácticas relacionadas con los
comicios.
Los medios de comunicación de Buenos Aires
dedicaron por estos días mucho tiempo y espacio a analizar las elecciones
tucumanas. La mirada en general es muy crítica de la cultura política del norte
argentino, a la que relacionan con las peores prácticas clientelistas,
añadiendo el mote de "feudal” recurrentemente cada vez que se nombra a nuestras
sociedades o provincias.
Esta perspectiva de análisis da a entender
que el clientelismo es tan condicionante que define, indefectiblemente, el
resultado de las elecciones. Es, sin dudas, una exageración. Nunca sabremos la
incidencia verdadera de estas prácticas, pero no hay razones valederas para una
subestimación tan extrema de la independencia de criterio que tienen los
electores de esta parte del país.
Hay, en esta mirada, un interés político
muy visible, que es desacreditar el sentido del voto en algunos distritos.
Habrá que decir, entonces, que la cultura
política clientelar se mantiene vigente a lo largo y ancho del país, en todos
los distritos, y que el objetivo debería ser su erradicación definitiva.
Al clientelismo electoral se lo combate con
cultura democrática. La meta es desterrar estas prácticas que intentan
condicionar el voto a una ayuda material o a un cargo político, pero hasta
tanto ese día llegue, el objetivo debe ser fomentar la conciencia de que el
voto por el que el ciudadano elige a sus representantes no es canjeable por
nada. Y que en el cuarto oscuro tiene la posibilidad de elegir al candidato que
mejor represente su pensamiento político sin que nadie se entere la alternativa
elegida.
Pensar en su desaparición en plazos
perentorios es una ingenuidad. Pero el desafío debe encararse con enjundia y
decisión, porque ofrecer desde el Estado garantías de que el voto del ciudadano
no es pasible de ser comprado o condicionado con dádivas es, en definitiva,
apuntalar firmemente las instituciones de la democracia.