La Defensora de Víctimas ante la Justicia Federal, Mariana Vera, introdujo en las causas por las criptoestafas la insólita pretensión de que el Estado se haga cargo de indemnizar a los damnificados, que sobrevuela desde que las pirámides comenzaron a desplomarse a fines de 2021.
La funcionaria sostiene que la Municipalidad de la Capital, el Gobierno de la Provincia y la Nación omitieron fiscalizar a las criptofinancieras y dejaron de tal manera expuesto al público a las defraudaciones, de modo que los tres niveles estatales resultarían responsables solidarios de los delitos perpetrados y por lo tanto deben responder por los daños y perjuicios.
Conviene aclarar una obviedad: lo que la Justicia Federal está investigando son estafas piramidales en las que la especulación con criptoactivos sirvió como tapadera.
La especulación con criptoactivos no es un delito. El delito es capturar dinero con la promesa de utilidades desmesuradas, trampa que se sostiene pagando tales utilidades a los inversores iniciales con los depósitos posteriores, en una cadena que se interrumpe cuando estos depósitos dejan de ingresar o se retiran.
Que es exactamente lo que ocurrió acá. Los estafadores aseguraban que las ganancias que pagarían, que en el último tramo del frenesí llegaban hasta el 25 % mensual en dólares, provenían de sus geniales incursiones en el mercado cripto, cuando en realidad provenían de quienes metían hasta la plata que no tenían en el esquema, obnubilados por la expectativa de hacer fortunas rápido y sin esfuerzo.
Esto, pese a las advertencias que ya desde agosto de 2020 se hicieron sobre los riesgos que las inversiones incubaban, porque ninguna actividad lícita podía arrojar tamaños rendimientos.
Tales alertas fueron planteadas insistentemente por este diario, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el propio Gobierno de la Provincia, ante la burla y hasta la furia de las multitudes que perseveraban en entrar alegremente por el aro, mientras adulaban y le festejaban las ocurrencias a Edgar Bacchiani.
Campea ahora menos la desmemoria que el cinismo. Los gobernadores Raúl Jalil y Ricardo Quintela formalizaron las advertencias que venían haciendo en septiembre de 2021, cuando advirtieron al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores sobre lo que estaba ocurriendo en Catamarca y La Rioja y solicitaron que se efectuaran los controles pertinentes. El Banco Central auditó a Adhemar Capital y el informe, difundido por este diario, marcó que estaba pagando con depósitos y no con utilidades de las cripto.
Uno de los elementos que quienes pretenden cobrar del Estado esgrimen es que el Municipio y el Gobierno habilitaron a las financieras para funcionar y ARCA comenzó a cobrar Ingresos Brutos sobre los rindes obtenidos con las operaciones cripto. ¿Por qué no habría de hacerlo? Si ese tipo de operaciones no está prohibida y una de las financieras, RT Inversiones, adquirida por el clan Bulacios, funcionaba desde principios de los 2000 sin problemas. Lo único que faltaba era que no se las gravara, como querían caracterizados referentes políticos que hasta llegaron a proponer que Bacchiani fuera condecorado por la Legislatura.
¿Dónde estaba la doctora Vera en esos tiempos? No había mesa en Catamarca donde no se hablara del fenómeno.
Si la Defensora de Víctimas quiere hacer historia y de paso ganarse el sueldo, que supera el millón de pesos mensual, puede ir sobre quienes ganaron millonadas con el diseño Ponzi. La plata de los que perdieron la tienen los financistas, pero también los que cobraron suculentas utilidades durante los dos años que duraron las maniobras, dándole varias vueltas a su inversión inicial.
Ahí tiene que pedir Vera que se investigue si realmente quiere recuperar el botín y resarcir a los damnificados.
Claro que para eso debería estar dispuesta a pisar callos y hacerse enemigos, cosa que podría contribuir a la Justicia pero es más bien incómodo.
Más sencillo es seguir cobrando apuntándole al anónimo Estado.
