Se vienen incrementando los cuestionamientos al sistema educativo en general por un patrón recurrente que observan de discriminación y abandono por parte de escuelas públicas, privadas y confesionales, así como de las autoridades educativas, hacia niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad. Quienes motorizan las demandas son padres de las víctimas de esta suerte de violencia institucional.
En las últimas décadas se han aprobado en la Argentina en general, y en Catamarca en particular, normativas que garantizan derechos de las personas con discapacidad, entre ellas la de una educación inclusiva. La existencia de estas normas nacionales y provinciales no implica de por sí que tales derechos realmente sean respetados. Aunque los avances respecto de lo que ocurría hace 20 o 30 años son innegables, hay todavía una distancia considerable entre lo que las normas proclaman y lo que ocurre en la realidad de los establecimientos educativos. Esa brecha es la que los padres quieren acortar.
Son varios los factores que gravitan para que los chicos no transiten el proceso de inclusión sin escollos. Los hay de carencia de recursos materiales y también de formación de los recursos humanos para abordar exitosamente el desafío. Estas insuficiencias explican a veces las dificultades que enfrentan los docentes, por más responsabilidad y buena voluntad con las que actúen.
La falta de capacitación de los docentes, y también de los directivos, de los establecimientos escolares para trabajar con alumnos con discapacidad, se presenta como una dificultad muy recurrente para alcanzar los objetivos pedagógicos de la educación inclusiva.
Pero hay algunos casos señalados como malos ejemplos por los padres que ponen en evidencia que hay educadores que no están compenetrados con el espíritu de empatía, de tolerancia y comprensión de las normas que propician la inclusión educativa de este sector. Un niño de tres años, quien aún está sin diagnóstico pero con conductas inquietas, fue víctima del comportamiento inapropiado –por decirlo suavemente- de una docente de música que usó su celular para simular un llamado a la policía. "Le decía que lo iban a llevar preso y que no volvería a ver a su familia", contó una madre. El menor, hoy en sala de cinco, sigue traumatizado. "Se hace pis encima, llora cada vez que ve a esa maestra y sin embargo la escuela insiste en que comparta el aula con ella", relató.
También hay muchos casos de chicos que se sienten humillados y frustrados porque, a raíz de la falta de adaptación de los materiales de enseñanza y estudio, tienen serias dificultades para el aprendizaje.
Lo que se necesita es una promoción integral de la educación inclusiva, y eso requiere de una planificación estratégica y colectiva de todos los actores de la comunidad escolar que identifique dificultades y potencialidades, que fije metas y objetivos, y un camino a recorrer para alcanzarlos. No basta ni con las normas vigentes, ni con la buena voluntad de algunos.
