A pesar de que durante la pandemia había conseguido a nivel internacional utilidades por encima del 100% debido a las ventas de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada, la filial local de Livent, que extrae litio del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, requirió y obtuvo el año pasado un aporte de 200 millones de pesos del Gobierno provincial para el fideicomiso que debía financiarse con sus contribuciones al fisco.
La noticia generó un escandalete que, como es habitual, quedó en la nebulosa, pero reactivó las dudas por posibles subfacturaciones que la litífera estaba en condiciones de instrumentar para mermar los pagos al Estado catamarqueño.
El flanco abierto para la maniobra fraudulenta había sido señalado ya en 2015, cuando durante la gestión de Lucía Corpacci se reformularon los condiciones de la explotación del Proyecto Fénix para acomodarlas a las pretensiones de la multinacional. Como el litio no es un “commoditie” con precio de referencia internacional, especulaban los malpensados de siempre, Livent podía venderlo a su casa central por un valor inferior al del mercado, reduciendo así lo que debía depositar para el fideicomiso; hecha del producto, la casa central obtendría la ganancia comercializándolo al precio más conveniente.
Las sospechas se dispararon el año pasado porque el aporte del Gobierno provincial al fideicomiso se justificó en que la pandemia había perjudicado las finanzas de Livent al punto de impedirle cumplir con los aportes comprometidos y era necesario “cubrir los certificados de las obras correspondientes a la construcción del puente sobre el Río El Bolsón y puente sobre Río Cura Quebrada, que se encuentran en ejecución”.
Un extraño caso de encapsulamiento. Livent se había posicionado como la segunda productora de litio del mundo, pero en Catamarca alegaba quebrantos pandémicos para no solventar el fideicomiso.
Una muestra de ingratitud.
El convenio del fideicomiso para obras de infraestructura entre el Gobierno y Livent fue aprobado por la Legislatura en 2017. Contemplaba una inversión de 300 millones de dólares de la empresa para duplicar la producción de litio en la puna catamarqueña, desembolsos que ésta debía hacer bajo la concepción de Responsabilidad Social Empresaria en la zona, incremento del pago de regalías e instalación de oficinas en la provincia.
El acuerdo se postuló como indispensable para que la Livent catucha pudiera cotizar en Bolsa y sumar los recursos así obtenidos al desarrollo minero puneño.
Algunas voces expresaron reservas por los beneficios que se le otorgaban a los litíferos a cambio de unas retribuciones “a pillar”, pero el Gobierno confió en que los privados cumplirían con sus promesas a tal punto que les perdonó lo que debían por canon de agua y adecuó a las necesidades de los pauperizados empresarios lo que había pactado con ellos unos años antes para la construcción de un gasoducto que iba a alimentar a la comunidad antofagasteña, todavía en veremos.
Vuelta el burro a la noria. Las presuntas subfacturaciones recuperan centralidad en la agenda minera con la aprobación de los convenios con otras dos lítiferas, Galaxy y Liex, que establecen un aporte del 3,5% de la facturación por todo concepto.
El diputado Alfredo Marchiolli pidió en este marco informes al Ministerio de Minería y la Agencia Recaudadora sobre los aportes realizados por Livent, basado en un informe de la CEPAL según el cual “en Argentina se exporta litio a precios que están 58% por debajo de los precios internacionales”.
La polémica se inscribe en una escalada de la grieta minera local por conflictos laborales en la puna y objeciones a la actividad de Minera Agua Rica-Alumbrera en Andalgalá.
Comportamientos como el de Livent profundizan la disputa y erosionan la precaria licencia social que tiene la actividad.
La información precisa e inobjetable es el único camino para aventar las sospechas de fraude que empiezan a extenderse.
