Una joven víctima de abuso lo denunció por “estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada”. Tras un allanamiento en su domicilio, encontraron un arma de fuego.
Luego de que tomara estado público una nueva causa contra el abogado Alfredo Aydar por “estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada”, salió al cruce contar su propia versión. Aydar aseguró que su denunciante “tiene conexiones muy fuertes con políticos”.
Quien lo denunció es una joven de 21 años, víctima de un delito contra la integridad sexual y como consecuencia de este ultraje, quedó embarazada. La joven víctima acudió al estudio de los hermanos Alfredo y Silvia Aydar. En el marco de esta causa, según la investigación de la Fiscalía Nº 4 de Robos y Hurtos de Tucumán, a cargo del fiscal Carlos Saltor, la joven víctima de abuso, representada por Aydar, había obtenido una reparación integral por el daño que incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2023, valuada en unos $50.000.000. El vehículo fue vendido por $33.500.000 a un allegado y amigo de Aydar.
Para la Fiscalía, Aydar llevó a cabo una maniobra para quedarse con el dinero de la reparación integral de la joven víctima de abuso. Según se indicó, Aydar aconsejó a su asistida que no depositar el dinero en un banco porque el sistema financiero no era seguro y "podía volver el corralito, entre otras cuestiones. En la presentación judicial, la Fiscalía advirtió que “estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar”.
Conocida la nueva denuncia en su contra, Aydar contó su propia versión. “Esta chica tiene conexiones muy fuertes con políticos… Pretenden desacreditarme”, aseguró el abogado a La Gaceta.
“En el último tiempo creció fuerte mi ataque a políticos contra la corrupción. Habría que investigar si todo esto no está relacionado con mi actividad y tiene un origen político para desacreditarme”, consideró.
Además, explicó que a su clienta se le había conseguido una indemnización. A la vez, reconoció que a la víctima se le entregó una camioneta. “Ella la vende a través de un amigo mío, pero le queda una deuda por honorarios y escritos. Luego ella me pide que la plata que le quedaba y me dice si conocía a alguien para hacer un mutuo. Entonces yo averiguo quien haga el mutuo por un total de $10.000.000, se le paga $250.000 por mes. Luego de esta situación ella me llama por teléfono después de tres o cuatro meses, y me dice que no quería hacerlo más pero ella se obligó por dos años”, detalló.
Según la investigación, la joven terminó transfiriendo a los abogados el control de aproximadamente $30 millones sin que existieran contratos, mandatos escritos ni autorizaciones formales para administrar el dinero.
Una vez obtenida la custodia de los fondos, los imputados habrían realizado movimientos financieros sin autorización de la propietaria.
Uno de los puntos centrales de la denuncia indica que Aydar habría destinado al menos $10.000.000 a préstamos realizados a terceros radicados en Santiago del Estero sin consentimiento de la víctima. En mensajes incorporados al expediente, la denunciante reclama la devolución de su dinero y cuestiona que se hayan realizado movimientos financieros sin su autorización.
Otro de los ejes de la acusación está relacionado con los honorarios profesionales. La víctima denunció que los abogados intentaron retener sumas millonarias alegando la realización de más de 100 escritos judiciales y consultas profesionales que habrían sido valuadas en aproximadamente $650.000 cada una. Según la presentación fiscal, los montos reclamados por los letrados superarían incluso el valor de la indemnización obtenida.
La joven aseguró que nunca firmó convenios de honorarios, presupuestos ni autorizaciones para esos descuentos y remarcó que durante la tramitación de la causa le habían informado que los gastos legales serían afrontados por el responsable del abuso. Con todos estos elementos, la Fiscalía consideró que podría haberse configurado una maniobra destinada a desapoderar ilegítimamente a la víctima de una parte sustancial de su patrimonio.
La gravedad de las acusaciones llevó a la jueza Cynthia Lorena Rocha a autorizar una serie de medidas de prueba para preservar documentación y evidencia digital. En este contexto, se llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en el estudio jurídico de los hermanos Aydar y en su vivienda. En el estudio jurídico los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, CPU, pendrives, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con las operaciones cuestionadas. En el domicilio particular se secuestraron otros teléfonos celulares, una tablet y una importante cantidad de elementos informáticos. En total fueron secuestrados ocho teléfonos celulares, una tablet, computadoras, dispositivos de almacenamiento digital y documentación considerada de interés para la causa. Uno de los hallazgos que generó una actuación paralela fue el secuestro de una pistola Glock calibre .40, dos cargadores, 20 cartuchos calibre .40 y una caja adicional con 10 proyectiles marca Magtech. Como consecuencia de ese procedimiento se iniciaron actuaciones complementarias por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, expediente que quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Criminal de turno.
Los dispositivos electrónicos serán sometidos ahora a pericias informáticas para determinar si contienen registros de movimientos financieros, conversaciones, documentación digital, archivos contables o cualquier otro elemento que permita reconstruir el destino de los fondos denunciados.
