miércoles 18 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Las cloacas impunes

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Al exigir la investigación de jueces, funcionarios y ejecutivos involucrados en una supuesta trama de dádivas, el presidente Alberto Fernández dijo: "Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno".

Es indiscutible la necesidad de esclarecer las circunstancias bajo las cuales cuatro jueces federales, dos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, ejecutivos del Grupo Clarín, un exasesor de comunicación y un exfuncionario de la SIDE elaboran, supuestamente, estrategias para plantar o borrar pruebas sobre un viaje realizado a la mansión del magnate Joe Lewis frente al Lago Escondido, en Río Negro. Los mensajes intercambiados por los personajes a través de la plataforma Telegram, de ser ciertos, marcan una promiscuidad incompatible con el sistema democrático.

Sin embargo, tales indicios surgieron de una intromisión ilegal en el teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Se trata de un hackeo que desmiente que “los servicios de inteligencia han dejado de deambular por los pasillos de tribunales” y “las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo”.

El periodista Horacio Verbitsky, a diferencia de otros medios que difundieron el intercambio, mencionó explícitamente su fuente en el artículo “Los jueces y las truchas”, publicado el domingo en su portal “El Cohete a la Luna”.

“Los chats entre ellos, incluyendo audios con su voz, forman parte de una filtración realizada por hackers en el sitio https://breached.vc/, que piden 600 dólares a pagar en las criptomonedas bitcoin o Monero, por 500 MB de información”, consignó.

Dado que fue obtenido ilegalmente, el producto de los hackeos es inútil como prueba desde el punto de vista jurídico. La Justicia o los órganos políticos pertinentes tendrían que munirse de otros elementos para avanzar en una investigación eficaz contra los involucrados.

Lo que sí está claro es que existen grupos que hackean teléfonos celulares y dispositivos informáticos y venden la información. Si jueces federales están expuestos a tamaños operativos, no es exceso de paranoia conjeturar la indefensión en que se encuentran miembros de la sociedad de menos relevancia.

Independientemente de lo jurídico, el origen espurio de los chats y audios tiende un manto de sospechas sobre su credibilidad.

Pero más allá de eso, que en cualquier caso debería –y nunca mejor usado el potencial- establecerse en el marco de una investigación seria, si los vínculos espurios entre la Justicia y el poder son deleznables y distorsionan el funcionamiento institucional, ¿qué decir de estos basurales informativos?

Al menos Fernández, jefe de Estado, no tiene nada para decir.

Por el contrario, omite el siniestro elemento, para concentrarse pura y exclusivamente en las presuntas complicidades que las filtraciones revelarían y abona la hipótesis kirchnerista del “lawfare” a horas de que se dicte el veredicto de la causa Vialidad que involucra a Cristina Kirchner.

No es la primera vez que emergen pruebas, no indicios, de estos oscuros focos de chantaje y manipulación, cuyas terminales se desconocen, sea por incompetencia del Estado o porque sus administradores están condicionados y temen descubrirlos.

No son “sótanos”, como quiere Fernández, sino cloacas, que llevan años impunes.n

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