Ya lo había anunciado con antelación, pero ahora lo hizo efectivo mediante un instrumento legal.
Salió publicado en la última edición del Boletín Oficial de la Provincia un decreto con el que se elimina la tasa de fiscalización y control que cobraba el ENRE y figuraba en las facturas de la energía y el agua. La medida se tomó teniendo en cuenta que el Ente Regulador fue disuelto mediante decreto acuerdo y sus competencias fueron absorbidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el nuevo Defensor del Pueblo provincial.
La noticia sobre la eliminación de esta tasa ya había sido informada por el Ejecutivo provincial a mediados del mes pasado, pero recién en la edición de ayer del Boletín Oficial se hizo efectiva con la publicación del decreto que deja de manifiesto esta situación.
El decreto en cuestión es el 1037 del 17 de junio de este año y fue firmado por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos. En el instrumento se establece que la tasa de fiscalización y control era una de las fuentes de financiación del ENRE y que ese costo “era trasladado, a través de la factura de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales y de energía eléctrica, a los usuarios de éstos”.
“Que mediante el Decreto Acuerdo N° 718 de fecha 30 de abril de 2025, se dispuso la disolución del ENRE y se asignaron las competencias, funciones, derechos, obligaciones, atribuciones y recursos del organismo disuelto al Ministerio de Desarrollo Productivo. Que en base a ello, y habiendo asumido el Estado Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, las funciones y competencias (incluyendo recursos) del ex ENRE, es que se considera eximir a los usuarios del pago de la tasa de fiscalización y control, cuya tarea se seguirá cumpliendo por parte de personal del organismo mencionado”, indica el decreto a lo que añade: “El Poder Ejecutivo asume, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, los costos que impliquen el ejercicio de las tareas de control y fiscalización, que desde el dictado del Decreto Acuerdo N° 718/2025 se han asignado al organismo mencionado, dejando sin efecto el cobro previsto en los contratos de concesión vigentes con las empresas Aguas de Catamarca SAPEM y Energía de Catamarca SAPEM, a los fines de evitar su traslado, a través de la factura del servicio, a los usuarios de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales y de energía eléctrica, que prestan las mencionadas empresas”.
De acuerdo con lo que informó el Gobierno en su momento cuando se informó la eliminación de este cobro, la Tasa ENRE representaba el 1,5% del básico energético (incluyendo el importe de cargo fijo y cargo variable) que abonaban los usuarios residenciales y generales. Para estos casos, el monto de esta tasa no era significativo puesto que rondaba entre los 700 y los 1.000 pesos.
En el caso de los Grandes Usuarios, el básico energético se conformaba por el cargo fijo, energías y potencias, por lo que en estos usuarios la Tasa ENRE tenía un impacto mayor, con excepción de los industriales y riego agrícola, que poseen una tasa de 0,5%, según las últimas disposiciones del organismo.
Cuando se conoció la disolución del ENRE, referentes de la oposición plantearon la eliminación del cobro de la tasa de fiscalización. En este sentido, el diputado provincial Alfredo Marchioli y el concejal capitalino Fernando Navarro, ambos de la UCR, habían elevado al Ministerio de Hacienda una nota para exigir la "eliminación inmediata" de la tasa.
La solicitud presentada por ambos legisladores apuntaba a lo que consideran una "práctica ilegal" que era el cobro de un concepto que ya no tiene razón de ser. "La tasa fue creada para financiar el funcionamiento del ENRE, pero el organismo dejó de existir tras la decisión del Ejecutivo provincial. Por lo tanto, no hay ninguna justificación legal ni administrativa para seguir aplicando ese cargo", cuestionaron.
Marchioli sostuvo que "en un contexto donde cada peso cuenta, es inaceptable que se mantenga este tipo de abusos que afectan directamente el bolsillo de los catamarqueños". "Se trata de un impuesto encubierto que no responde a ningún servicio prestado. Es lisa y llanamente una estafa institucionalizada", apuntó.
