sábado 18 de junio de 2022

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Extensa sesión en la Cámara Baja

Diputados: el oficialismo salió al cruce de críticas por Livent

Los legisladores debatieron sobre varios temas donde se destacó la polémica por la subfacturación de la firma.

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15 de junio de 2022 - 23:48

La Cámara de Diputados concretó una extensa sesión donde además de aprobar una serie de proyectos (seis en total) se dio el tiempo para debatir sobre prácticamente todos los temas que están en agenda en la provincia. Con fuertes chicanas de por medio, los legisladores debatieron desde la subfacturación de Livent hasta el escándalo de las criptoestafas, pasando por la situación de Andalgalá, la Salud, la Seguridad, el proyecto de Ficha Limpia y la forma que tiene la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, para tratar a sus pares de la oposición. En total, discutieron cerca de ocho horas, cinco cuando el orden del día había terminado.

Sobre la polémica de la subfacturación de Livent, quienes llevaron el tema al recinto fueron los diputados de Juntos por el Cambio. Alfredo Marchiolli sostuvo que la subfacturación no se produce “en el kiosco de la esquina sino en una concesión del Estado a la explotación de un recurso natural no renovable” y se preguntó qué “hace el Estado para evitar que vuelva a suceder y corregir lo sucedido”. Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Luis Lobo Vergara, pidió que se realice una auditoría para determinar cuánto es el dinero que efectivamente debe devolverle la firma a la Provincia. "Tenemos dudas y estamos convencidos de que muchas cosas se hicieron mal", dijo.

El encargado de defender la postura del oficialismo fue Gustavo Aguirre, quien planteó que el mecanismo para definir el precio del litio se encuentra en el contrato que firmó la empresa con la Provincia en 1991. "Hubo cuatro o cinco modificaciones al contrato y nunca se discutió cambiar ese mecanismo de formación de precio", dijo.

Añadió que el litio se caracteriza por tener un precio extremadamente volátil y que al no haber organismo que lo defina, se rige por los acuerdos entre los contratantes. En este marco, sostuvo que en las denuncias por subfacturación "se tomó erróneamente un número que es cambiante”.

“Se dijo que mientras en Jujuy se cobró 53 dólares por kilo de litio, en Catamarca se cobró 6 dólares, pero no se advierte que se trata de una sola fecha de embarque. Hubo varios embarques más y todas tuvieron precios distintos. Permanentemente está cambiando el precio de acuerdo al tipo de contrato”, manifestó.

Más adelante, dijo que "se quiso dejar como verdad absoluta que el precio que se cobraba dejaba una distorsión para la provincia”.

“Catamarca desde el 2020 recibe sus recursos tomando el valor del precio promedio de Chile y Argentina por lo que cuando hablamos de subfacturación nos estamos equivocando, porque mientras la empresa factura todos los meses, a la Provincia recién en 60 días le llega el precio del valor del mercado chileno-argentino. Recién a partir de ese momento se puede hacer la comparación y determinar cuál es mayor monto para decirle a la empresa qué es lo que tiene que pagar", detalló y agregó: "Hay una reliquidación que hace la empresa permanentemente para poder pagarle a la provincia lo que corresponde".

Finalmente, respondió ante los planteos de que ARCA debería haber sancionado a la firma. "Catamarca recibe partidas de regalías, fideicomisos y otros recursos mineros que no tienen naturaleza tributaria por lo que no tiene competencia para investigar una evasión fiscal pero sí lo puede hacer la AFIP para que Catamarca puede aplicar sanciones. Primero la AFIP tiene que hacer una investigación y una vez comprobada la supuesta evasión, nosotros como Provincia recién podamos aplicar sanciones de acuerdo al Código Tributario y la Ley de Regalías Mineras. Son pasos que se deben cumplir para poder llegar a lo que la oposición exige inmediatamente”, dijo.

Finalmente, sostuvo que Catamarca "hizo lo que tenía que hacer", cuando determinó el reajuste que debía pagarle la empresa al Gobierno y cuestionó las críticas de la oposición al sostener que "decir que todo está mal en Catamarca atenta contra el desarrollo genuino de este recurso para el beneficio de la provincia".

Otras polémicas

  • La diputada Adriana Díaz (FT) expresó su "incomodidad" en relación con la designación de Alfredo Marchiolli (UCR) al frente de la Comisión de Derechos Humanos. La legisladora lo planteó, al recordar el debate mediático que tuvo con su par radical, en el que Marchiolli acusó a Díaz de querer cámara y la comparó con la figura mediática Natacha Jaitt, luego de que cuestionara a la gestión de Cambiemos a nivel nacional. "Es casi una ironía que haya sido propuesto por su bloque a la presidencia de esa comisión", dijo Díaz a lo que sumó sus cuestionamientos a las mujeres del bloque opositor por no poner reparos a la designación de Marchiolli.
  • Durante la sesión hubo un momento de tensión entre la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, y el diputado Tiago Puente. Sucede que en su alocución, Puente defendió el proyecto de Ficha Limpia y cuestionó al oficialismo de no querer tratarlo. Al finalizar su intervención, adelantó que tenía un "obsequio" para Guerrero. En ese momento, se levantó de su banca y dirigiéndose al estrado de la presidenta depositó una remera que tenía impreso "Ficha Limpia". La actitud de Puente molestó a Guerrero quien señaló: "Por la ley de Ética Pública no podemos recibir obsequios y todos mis colaboradores saben que yo no recibo obsequios. Le pido al personal de Seguridad que saque esto de acá y se lo devuelva al diputado Puente".

Augusto Barros trató de "imbécil" a Tiago Puente

El diputado Augusto Barros (FT) tuvo un fuerte cruce con su par radical Tiago Puente, por declaraciones que realizó el legislador opositor acusando a Barros y a Guerrero de manejar la Cámara a su "gusto y placer" definiendo cuál y qué temas se deben tratar.

Barros consideró las palabras de Puente como "un despropósito" cargadas "de desprecio y falta de respeto a los 40 miembros que conforman el cuerpo". Sin embargo, fue más allá al momento de criticar a Puente, quien presentó un proyecto de informes por la situación de la Escuela Provincial de Orfebrería, que hoy es dirigida por Mabel Videla, esposa de Barros.

El diputado oficialista calificó como una "canallada que, por querer pegarle a un legislador, se mete con la familia como ocurrió en esta Cámara con un imbécil que forma parte de esta Cámara".

Puente tomó la palabra y cuestionó los dichos de Barros al afirmar que el pedido de informes "es para la Dirección de la Escuela de Orfebrería y no para la mujer del diputado Barros".

"En el tiempo que estoy en la Legislatura no encontré en el Reglamento Interno que diga que no se pueda realizar un pedido de informes cuando el destinatario sea pariente de un diputado", dijo.

El diputado cuestionó las palabras de su par hacia su persona y afirmó que en ningún momento se entrometió "en la vida privada o familiar" del legislador oficialista.

Por otra parte y en relación con sus críticas sobre el manejo de la Cámara por parte de Guerrero y Barros, Puente ratificó sus dichos y enumeró los proyectos que se aprobaron en el cuerpo desde hace dos años. "Desde el 2019 se aprobaron 201 proyectos, de los cuales 152 fueron del bloque del Frente de Todos, incluidos los del Gobierno, solamente 49 fueron de la oposición", criticó el diputado.

En una segunda intervención, Puente afirmó que ante los dichos de Barros estaría en condiciones de pedir una cuestión de privilegios contra el oficialismo pero que no lo iba a realizar porque no era su forma de actuar.

"Zona liberada"

Durante el plenario, el diputado radical Alejandro Páez denunció que en Andalgalá hay "zonas liberadas" por parte de la Policía y que teme que haya nuevos enfrentamientos entre los grupos pro y antimineros. En ese sentido, pidió que la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, dé explicaciones.

"La Ruta 47 que une la ciudad de Andalgalá y el distrito de Choya con la zona de Minas Capillitas se tornó en una zona de conflictos y esto provocó que se aposten personas que defendiendo una u otra postura estén ejerciendo una actitud de grupos parapoliciales", relató el diputado. "Este grupo corta el tránsito impidiendo el paso y averiguando quiénes son los transeúntes", añadió.

Para Páez, las autoridades del Ministerio de Seguridad tienen que dar una pronta respuesta porque en una zona de conflicto está en riesgo la integridad de muchas personas".

"Temo que esa zona se convierta en una zona donde se vean afectados los derechos y garantías de las personas que deseen vivir en paz", dijo.

El diputado Gustavo Aguirre, quien fue ministro de Seguridad, respondió a Páez al señalar que "es una política de la Provincia en relación con el conflicto, que el Estado no esté ausente".

"De hecho una de las críticas que recibió el Gobierno fue la presencia de la policía, que incluso fue atacada por un sector”, dijo y añadió: “No podemos hablar de una zona liberada. Es verdad que hay dos sectores distintos y que ambos cortan la ruta ilegalmente, pero la policía lo que hizo fue evitar que haya desmanes“.

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