Correr al Estado de su rol de garante de la equidad
El presupuesto para Educación contenido en el proyecto general de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno en el Congreso de la Nación, se encontrará otra vez, como ha sucedido desde que Javier Milei asumió en 2023, por debajo del 1% del PBI. Para dimensionar la formidable reducción de los recursos destinados a una actividad clave para el desarrollo nacional es útil mencionar que la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, exige destinar al menos el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a financiar la educación en Argentina. Vale también decir que solo un año se cumplió con ese piso del 6%: fue en 2015, el último de la gestión de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación.
En el proyecto que se analiza en el Congreso, lo destinado a Educación representa el 0,75% del PBI. Es decir, apenas un poco más de la séptima parte de lo establecido por mandato legal y muy lejos de lo que sostenía el último presupuesto aprobado por el Congreso, el de 2023, cuando gobernaba Alberto Fernández, que llegaba al 4,9% del PBI. No solamente es grave esta decisión de profundizar el recorte presupuestario, sino que también lo es, desde una mirada estratégica, la propuesta del Ejecutivo que conduce Milei de derogar el artículo 9° de la Ley de Educación, que es el que establece el piso mencionado. La pretendida derogación revela la escasa predisposición de La Libertad Avanza de mejorar en un futuro el presupuesto para el sector, si la economía sale de la crisis y de la recesión autoinfligida, en función de los parámetros que en 2006 se consideraron adecuados, casi por unanimidad de los legisladores nacionales, para financiar la educación pública.
El proyecto de Presupuesto 2026 confirma, en definitiva, la continuidad de un rumbo que amenaza con dejar a la educación pública argentina en estado terminal. El proyecto de Presupuesto 2026 confirma, en definitiva, la continuidad de un rumbo que amenaza con dejar a la educación pública argentina en estado terminal.
La abrupta disminución presupuestaria afectará a casi todos los ítems. Los rectores de las universidades ya han calculado que si se aprueba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo las casas de altos estudios se quedarán prácticamente sin recursos a mitad del año que viene. Pero además se verán muy afectados todos los niveles educativos y las áreas vinculadas a la infraestructura, la formación docente y la provisión de herramientas tecnológicas, produciendo una asfixia financiera que amenaza la propia operatividad del sistema.
El proyecto de Presupuesto 2026 confirma, en definitiva, la continuidad de un rumbo que amenaza con dejar a la educación pública argentina en estado terminal. Además, la intención del Gobierno de Javier Milei de derogar el artículo que fija el piso mínimo de inversión educativa revela que no se trata de una emergencia coyuntural, sino de una redefinición estructural del rol del Estado, al que corre de su obligación de garantizar la igualdad de oportunidades.
Si el conocimiento deja de ser prioridad, la consecuencia será un país dependiente y con evidentes desigualdades estructurales, que sacrifica su capital humano en nombre del equilibrio fiscal.
