viernes 17 de mayo de 2024
Por violencia de género contra las carmelitas descalzas

Capacitación en género y tratamiento psicológico para el arzobispo Cargnello

La resolución de la jueza Civil aún puede ser apelada. Crece la pugna por los fieles de la Virgen del Cerro.

La jueza de Violencia Familiar y de Género de la provincia de Salta, Carolina Cáceres Moreno, en el marco de un proceso cautelar civil abierto hace dos años, ordenó sostener las medidas de restricción impuestas al arzobispo Mario Cargnello (71) y a otros tres sacerdotes, al tiempo que los intimó a que realicen capacitaciones en género y se sometan a un tratamiento psicológico.

Con esta resolución judicial se reactivó el conflicto entre las monjas de clausura del monasterio San Bernardo de Salta y el arzobispo Cargnello, fundamentado en que las carmelitas apoyan la devoción a la Virgen del Cerro, que no es reconocida por la Iglesia Católica.

La medida fue tomada como reacción al pedido de los abogados del Arzobispado de que el proceso se cerrara porque llevaba dos años sin novedades. Cáceres Moreno respondió con una resolución de 87 páginas manteniendo las restricciones de acercamiento al monasterio para Cargnello, para el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.

Por otra parte, los intimó a realizar las capacitaciones, a presentar los certificados correspondientes y que inicien tratamientos psicológicos “a fin de que modifiquen patrones de comportamiento”.

“Concluyo y afirmo -dijo en la resolución-, que las carmelitas han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años”.

La resolución indica además que las decisiones deben ser notificadas al papa Francisco.

La medida, que no está firme, será apelada por los abogados del Arzobispado, quienes sostienen que “no hay fundamentos” de por qué se mantienen las medidas de restricción si en dos años no hubo novedades; plantean que incluso el monasterio San Bernardo dejó de estar bajo la jurisdicción de Cargnello hace un año y medio y grafican con que De Elizalde vive en la provincia de Buenos Aires y hace al menos dos años que no va a Salta. “La jueza le corrió vista varias veces a la fiscal penal, quien rechazó actuar”, indicaron.

El proceso cautelar se inició días antes de la Semana Santa de 2022, con una presentación de la entonces priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo. La entonces abogada de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, explicó a este medio que las monjas sufrían “hostigamiento” desde 1999.

La vidente y la Virgen del Cerro

La adhesión de las monjas carmelitas descalzas del convento San Bernardo a la Virgen del Cerro genera molestia en la Iglesia y esas diferencias son la base de algunas de las situaciones que integran el proceso judicial. El enfrentamiento se espiralizó hasta contar con la intervención del Vaticano y el inicio de una investigación judicial sobre la Fundación de la Virgen del Cerro y su relación con el monasterio.

El 30 de marzo de 2022, doce días antes de la presentación judicial, un documento del Vaticano advirtió a las carmelitas que se nombrará un “auxiliar apostólico” y les pidió que no se involucren con la “vidente”, como llama a María Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la Virgen del Cerro.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen las monjas de clausura del convento San Bernardo, es la que emitió el documento, que lleva la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario. Las medidas se desprenden de la causa que investiga cinco hechos de violencia que las Carmelitas denuncian haber sufrido por parte de Cargnello, Ajaya, Elizalde y Loyola Pinto, luego de un episodio sucedido en el 2021 durante la pandemia.

Los testimonios de las monjas relatan un altercado físico con violencia verbal que habrían sufrido de parte de Cargnello y Ajaya durante el velorio de una hermana. A Elizalde y Pinto los acusan de presiones ejercidas tras el primer desencuentro.

En esta causa salió a la luz una deuda que el arzobispo tendría con el Monasterio por 9 mil dólares que fueron tomados en el año 2011 y nunca restituyó.

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