La concejal Silvero presentó el proyecto y advirtió que el conflicto ya excede lo salarial y aseguró que el municipio no estaría ejecutando ninguna obra.
Protesta. Días atrás. Autoconvocados cercaron el Palacio Municipal para exigir paritaria salarial.
La concejal Paula Silvero (UCR) presentó un proyecto para declarar la emergencia económica y administrativa en Belén, como salida institucional al conflicto salarial que desde hace semanas mantiene en vilo al municipio. La iniciativa propone que todos los ingresos del municipio —coparticipación, tasas municipales, impuestos y transferencias provinciales— sean destinados de forma provisoria al pago de los sueldos del personal municipal hasta que se concrete un acuerdo paritario.
"Pedimos que se declare la emergencia económica y administrativa en la ciudad de Belén para que todos los ingresos que vayan a la municipalidad de forma provisoria sean destinados al sueldo de los empleados municipales", explicó Silvero en declaraciones a Ancasti Streaming. La concejal señaló que el argumento de fondo es que actualmente el municipio no ejecuta ninguna obra de envergadura: solo funcionan los servicios básicos.
"No se está invirtiendo en la construcción de un barrio, en un espacio verde, ni en un plan de bacheo que anunciaron para abril. Entonces, proponemos que el resto del dinero se use ahora de forma provisoria también para los sueldos", argumentó.
Silvero recordó que el presupuesto 2026 no contempla ningún aumento para el personal municipal y que el intendente Cristian Yapura, en la última reunión con los gremios, no llevó ninguna oferta. "Estamos muy lejos de alguna negociación", dijo. También remarcó la urgencia de los montos en juego: becas de $180.000, personal de recolección de residuos cobrando $330.000. "Quiero invitar a cualquiera del gobierno provincial o municipal a intentar vivir con esos salarios", afirmó.
El planteo de la concejal también abarca una crítica a la distribución de la coparticipación provincial. Según explicó, el departamento Belén recibe un porcentaje similar al de Andalgalá, pero debe redistribuirlo entre nueve municipios, mientras que Andalgalá solo tiene dos o tres. "Ahí se ve mucho la diferencia", señaló. También cuestionó el funcionamiento del fideicomiso minero: "Hay departamentos mineros a los que no les llegó ni una obra de esos fideicomisos que ingresan todo el tiempo a la provincia". Y propuso que, en contexto de emergencia, esos fondos se orienten de manera que impacten en la vida cotidiana de los trabajadores del interior.
La concejal también advirtió sobre la crisis de representatividad gremial. Los empleados autoconvocados no confían en que ATE y UPCN defiendan sus intereses. "Sienten que los gremios van a negociar de forma legítima pero van a cuidar los intereses del gobierno y no los de los trabajadores", señaló. Y fue contundente: "Esto se tiene que solucionar porque si no va a ser un año muy difícil. Ya no es solo una crisis económica del ejecutivo, ya es una crisis social muy fuerte". El proyecto de emergencia económica llegó una semana después del bloqueo al Palacio Municipal y al Concejo Deliberante que protagonizaron los empleados autoconvocados el 10 de marzo, cuando también cortaron la Ruta 40 en señal de protesta.
La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre el municipio, ATE y UPCN, mientras que el Gobierno inició una ronda de reuniones con los intendentes para advertirles sobre la necesidad de diseñar programas de contención del gasto debido a la prolongada y sostenida caída de los ingresos por coparticipación federal y asignaciones automáticas de Nación.
En la primera audiencia de conciliación obligatoria, la Municipalidad de Belén les comunicó a ATE y UPCN que no está en condiciones de otorgar aumentos. Los gremios quedaron en trasladar la novedad a las bases, pero no se vislumbra una solución en el corto plazo. Los empleados autoconvocados, que no están representados por ninguno de esos sindicatos, respetaron el período de paz. Por la tarde-noche acompañaron el reclamo del personal docente y de salud, que se replicó en la Capital y varios puntos del interior. El proceso de conciliación tiene un plazo de 15 días.
