El caso que investiga una presunta estafa al Estado con empresarios infiltrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tiene 15 imputados que ya empezaron a ser indagados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.
El fiscal federal Franco Picardi había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez Sebastián Casanello consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado. Pero con Atchabahian el trato fue distinto. Para el juez, su detención sí estaba justificada. De las intervenciones telefónicas que le hicieron, surgió que sabía de la causa y que “mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional”. Además, destacó Casanello, tiene “una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice”.
Atchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras.
