La falta de credibilidad en la Justicia argentina ha dejado de ser un diagnóstico reservado a los especialistas para convertirse en un tema de debate entre ciudadanos. Las últimas encuestas nacionales, junto con los estudios de opinión que circulan en ámbitos académicos y de los medios de comunicación, coinciden en señalar que el Poder Judicial -tanto en su competencia federal como en las justicias provinciales- atraviesa una de las peores crisis de legitimidad de su historia.
El reciente informe de Monitor Digital aporta una dimensión contundente al fenómeno: en los últimos doce meses, la palabra Justicia registró más de 7,1 millones de menciones en redes sociales. De ese universo, alrededor del 87% fue negativo. Las razones de esa percepción son las presuntas vinculaciones de jueces y fiscales con el poder político y económico; demoras exasperantes en el trámite de causas; disputas internas que parecen más propias de corporaciones que de instituciones republicanas; y una idea que se ha instalado con fuerza, y con evidencias surgidas del análisis de la realidad, en el imaginario social: la Justicia avanza con firmeza cuando los acusados son pobres, pero se vuelve parsimoniosa y cautelosa cuando los imputados pertenecen a los sectores más poderosos.
Un somero análisis de los escándalos que han caracterizado a la Justicia catamarqueña en los últimos años, con causas cajoneadas, sin investigaciones solventes y con funcionarios judiciales acusados por mal desempeño, abonan la percepción negativa que se manifiesta en todo el país.
Lo más preocupante es que este descrédito no se explica por la coyuntura ni por una gestión en particular, sino que es estructural. Persiste, gobierne quien gobierne en las jurisdicciones locales y a nivel federal.
Los estudios de opinión confirman este deterioro. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, apenas un 28% de los argentinos se muestra satisfecho con el desempeño del Poder Judicial. Otros relevamientos ofrecen un panorama aún más desalentador, como el sondeo impulsado por la Corte de Justicia de Mendoza a comienzos de este año, que reveló que nueve de cada diez ciudadanos tiene una imagen negativa del sistema judicial.
La gravedad institucional de esta crisis no debe subestimarse. Sin confianza en la Justicia, se verifica una erosión en la base misma del Estado de Derecho. Si las reglas dejan de ser creíbles, las sanciones se vuelven selectivas y la sensación de impunidad termina horadando el tejido social.
Ninguna república puede sostenerse sin un sistema judicial que inspire confianza. La legitimidad de las instituciones no se reduce a su diseño constitucional, sino también a la percepción -profundamente arraigada y cotidiana- de que esas instituciones funcionan, responden y protegen.
Es imprescindible que los tres poderes del Estado asuman su responsabilidad. Pero en especial el Poder Judicial, que no puede seguir refugiándose en su autonomía para justificar su desconexión. La sociedad necesita que quienes imparten justicia recuperen el sentido de servicio público, que vuelvan a ser garantes de igualdad y no administradores de privilegios.
