En las últimas semanas se ha instalado en el debate por la caída de la tasa de la natalidad una postura entre los sectores libertarios y ‘pro-vida’ que atribuye este fenómeno a nivel provincial y nacional a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Sin embargo, resulta llamativo que estas mismas voces guarden absoluto silencio frente a datos que deberían alarmar a cualquiera que se proclame defensor de la vida: durante 2024, la mortalidad materna aumentó un 37%, pasando de 3,2 a 4,4 muertes cada 10.000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad infantil creció por primera vez desde 2002.
Es una contradicción difícil de sostener. Los 183 fallecimientos maternos registrados el año pasado, junto con las 3.513 muertes de menores de un año, constituyen tragedias prevenibles que tienen causas identificables: el deterioro del acceso al sistema de salud, la precarización laboral, la caída de los controles prenatales y el empobrecimiento generalizado.
Son muertes que responden a factores estructurales y políticas públicas concretas, pero no surge una sola palabra sobre el desmantelamiento de las políticas sanitarias que podrían evitar estas pérdidas de quienes denuncian enfáticamente al aborto legal como amenaza demográfica. Los datos oficiales deberían invitar a la reflexión. La mortalidad vinculada a abortos sostiene una tendencia descendente desde 2015 y se redujo a la mitad tras la sanción de la ley IVE. Al mismo tiempo, las muertes maternas alcanzan niveles no vistos en quince años.
El aumento de mortalidad infantil se concentra en muertes neonatales vinculadas a nacimientos prematuros y malformaciones congénitas. Muchas de estas condiciones son detectables y tratables con controles adecuados durante el embarazo. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein lo expresó con claridad: el incremento es consecuencia del crecimiento de la pobreza y sus repercusiones sociosanitarias.
Los especialistas coinciden en que la precarización de las condiciones de vida obstaculiza los controles del embarazo necesarios para garantizar partos seguros. ¿Dónde está la preocupación por las mujeres que perdieron la vida en circunstancias vinculadas al embarazo? ¿Por qué no se exige la inversión en salud pública para evitar las muertes de menores de un año?n
