Desde la querella indicaron que el hombre condenado por ultrajar a sus dos hijos “abusó sistemáticamente” de ellos durante un periodo de “cinco meses”. Así lo señalaron los abogados querellantes Diego Brizuela y Ariel Brizuela, quienes representaron a la madre de los niños en el juicio por jurados. “El padre abusó sistemáticamente de sus dos hijos durante cinco meses. Es un hecho aberrante, es una de las conductas con mayor reprochabilidad social”, remarcaron en diálogo con la prensa.
Los letrados, además, explicaron que “este hombre se aprovechaba de su relación de poder, de su condición de padre de dos niños. Cuando se iban a dormir a su casa (los hijos), en esos momentos abusaba primero de uno de los chicos, después del otro”. Por otra parte, señalaron que “no fue nada fácil ni para los chicos ni para la familia. Entendemos que hay dos familias destrozadas: la familia del abusador, que no conocía lo que estaba pasando; y la familia de los chicos abusados. La mamá, particularmente, se encuentra atravesando un delicado problema de salud. Psicológicamente, esto la afectó muchísimo, tanto a ella como a sus chicos. Están en pleno proceso de sanar ella y los chicos”.
El hombre fue condenado el 24 de septiembre de este año, en un juicio por jurados, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. El jurado popular lo declaró culpable por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, continuado". Al día siguiente, el juez director Miguel Lozano Gilyam le impuso una pena de 13 años de prisión. En la audiencia de cesura para fijar la pena, la querella había solicitado 20 años de cárcel.
Por el Ministerio Público Fiscal, Jorge Darío Palacios (h) y Federico Maturano pidieron que sea sentenciado a 15 años de prisión.
En tanto, la defensa ejercida por los abogados Rentín Villegas y Emanuel Ferreyra optaron por pedir el mínimo de pena legal.
Lozano Gilyam dispuso que el condenado continúe privado de la libertad con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. También ordenó que se informe a la Secretaría de Familia y al Ministerio de Salud para que lleven a cabo todas las medidas que deban y puedan ser implementadas para garantizar los derechos de las víctimas.
