Los principales conflictos de la sesión legislativa se centraron en la gestión de recursos, el desfinanciamiento de la AGAP y las condiciones del sistema de salud mental de la provincia.
La Legislatura Provincial sesionó el miércoles con 28 diputados presentes de un total de 41, registrando 10 ausencias del bloque mayoritario del Frente de Todos, en una jornada que expuso las tensiones entre oficialismo y oposición a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Uno de los cruces más álgidos se produjo en el momento de los homenajes por Día del Jubilado y Personas Mayores. El diputado Mamerto Acuña recordó que el 82% móvil fue sancionado bajo el gobierno de Brizuela del Moral en 2006 y consolidado con la creación de la AGAP en 2011, enfatizó que este derecho debe ser un piso irrenunciable.
El diputado Hugo Ávila denunció que la AGAP está desfinanciada “debido al uso de sus recursos para financiar préstamos y créditos blandos desde CAPRESCA, lo que sumado a errores administrativos en la base de cálculo provoca que los jubilados no cobren el 82% móvil establecido por ley, recibiendo solo el 62% del total que les corresponde”.
La diputada Mónica Salazar defendió la moratoria previsional como herramienta de justicia social, argumentando que la falta de aportes se debe al trabajo informal y empleadores que no realizaron las contribuciones debidas. Cuestionó que el Estado utilice el argumento del déficit cero para dejar de lado a los jubilados.
La crisis del sistema de salud mental ocupó otro eje central del debate. Aunque el proyecto presentado por Cristina Gómez (UCR) para crear una campaña de concientización sobre salud mental y emocional fue aprobado por unanimidad, el diputado Tiago Puente criticó duramente al gobernador Raúl Jalil, sosteniendo que el problema no es la falta de campañas sino la ausencia de gestión real.
Puente denunció las condiciones del Hospital de Niños Eva Perón, señalando la inexistencia de un área de internación específica y que 11 de 15 profesionales trabajan bajo contratos temporales e inestables. También mencionó el Hospital San Juan Bautista, donde los trabajadores denunciaron situaciones insostenibles, cobrando solo el 25% de lo que corresponde en condiciones que calificó como indignas. El legislador tildó la campaña propuesta como “maquillaje o leyes de cartón”, argumentando que la salud mental se resuelve con recursos y respeto a los profesionales.
La defensa de la gestión provincial provino de las diputadas oficialistas Claudia Palladino y María Argerich. Palladino rebatió las cifras sobre el Hospital de Niños, indicando que hay cinco habitaciones adaptadas y un equipo conformado por pediatras, asistentes sociales y psiquiatras. Argerich destacó que la provincia está promoviendo activamente la línea gratuita 135 para contención anónima.
En otro punto de la sesión, el proyecto del diputado Hugo Ávila sobre examen toxicológico obligatorio de sangre y orina para funcionarios y candidatos a cargos electivos generó una profunda división. Ávila defendió la iniciativa como medida esencial en la lucha contra el narcotráfico y para garantizar la ejemplaridad de los funcionarios, argumentando que si a los trabajadores comunes se les exige este análisis, también debe exigírsele al funcionariado.
Sin embargo, el diputado Gustavo Aguirre advirtió que el proyecto podría invadir de manera desproporcionada la privacidad y autonomía personal, recordando que el consumo de drogas en adultos no está penalizado. La diputada Silvana Carrizo y otros legisladores cuestionaron que el proyecto impone el cese inmediato de funciones ante un resultado positivo, lo cual constituye discriminación por motivos de salud, ya que la adicción debe abordarse como enfermedad según la Ley Nacional de Salud Mental.
La diputada Adriana Díaz expresó su desacuerdo con equiparar personas que consumen sustancias con delincuentes. Tras intensos cruces, se acordó devolver el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales con tratamiento preferencial fijado para el 15 de octubre.
La diputada Carrizo intentó que se trataran sobre tabla dos expedientes relacionados con la OSEP, pero ambas mociones fueron rechazadas. Carrizo criticó la falta de voluntad política del oficialismo para tratar estos temas que su bloque viene planteando insistentemente.
