Un límite penal a la apología de crímenes aberrantes
La decisión de la Unidad Fiscal de La Plata de imputar al ex militar Jorge Pablo Cabrera por “apología pública de crímenes aberrantes” merece ser celebrada como un acto de estricta justicia y de resguardo de la memoria colectiva. Cabrera, en su condición de columnista del programa “La Libertad Avanza Radio”, reivindicó a través de expresiones cargadas de cinismo y violencia simbólica los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar, al afirmar que su padre “tuvo toda la vida un Ford Falcon y abrías el baúl y olía a justicia”.
No se trata de una frase inocente ni de un exabrupto sin contexto. El Ford Falcon fue, durante los años más oscuros de la historia argentina, el vehículo utilizado por los grupos de tareas para secuestrar ciudadanos que luego eran torturados, asesinados o desaparecidos. Asociar ese símbolo de terror con un supuesto olor a “justicia” es, a todas luces, una legitimación pública del terrorismo de Estado.
La imputación al exmilitar advierte que la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para encubrir la apología del delito. La imputación al exmilitar advierte que la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para encubrir la apología del delito.
La imputación no constituye, como algunos intentarán presentar, un ataque a la libertad de expresión. Por el contrario, advierte que esa libertad no puede ser utilizada como escudo para encubrir la apología del delito. El Código Penal argentino establece con claridad los límites. Y la fiscalía lo explicó con contundencia: “Lo manifestado por el imputado resulta un ejercicio abusivo de la libertad de expresión que, al exceder sus límites legítimos, lesiona bienes jurídicos vinculados al interés público y afecta derechos de las personas que fueron victimizadas por graves crímenes”.
El dictamen también advierte que esas palabras constituyen “un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”. Por eso enfatizó que no pueden ser consideradas en el vacío, sino dentro de un marco histórico donde el Estado argentino asumió compromisos internacionales y constitucionales de memoria, verdad y justicia.
La gravedad de la declaración se potencia porque no fue dicha en la intimidad ni en un contexto privado, sino en el aire de un programa de radio que ostenta el nombre de una fuerza política con representación parlamentaria y cuyo máximo exponente es el propio Presidente de la Nación. Cabrera no se expresó como un ciudadano aislado, sino como columnista, con intención política y voluntad explícita de instalar un mensaje de odio y persecución hacia un grupo de personas.
En las redes sociales, expresiones de este tipo abundan. La falta de regulaciones específicas convierte a esos espacios en tierra fértil para la proliferación de discursos que naturalizan la violencia y buscan reescribir la historia en clave negacionista. Pero cuando se trasladan a los medios de comunicación, la justicia tiene el deber de actuar con firmeza.
La imputación a Cabrera marca un límite saludable. No se trata solo de sancionar la apología de delitos contemplados en el Código Penal, sino de defender la democracia como forma de vida. Una democracia que costó demasiado cara a los argentinos y que no puede ser denigrada por discursos que relativizan o glorifican los crímenes más atroces de nuestro pasado reciente.
