El Gobierno aceleró el recorte del gasto en abril para compensar la caída de la recaudación y proteger el superávit fiscal comprometido con el FMI.
El ajuste del gobierno de Javier Milei tiene un frente que golpea directo a los gobernadores: en abril, las transferencias a las provincias sufrieron la mayor caída de todas las partidas presupuestarias, con un desplome del 53,7% en términos reales interanuales. El dato surge de un informe de la consultora Analytica sobre erogaciones devengadas —compromisos de pago emitidos por el Estado— y es el más pronunciado de un ajuste general que en el cuarto mes del año trepó al 5,7% real.
El mecanismo es ya una constante: ante la caída de los ingresos tributarios —que encadenó su novena baja real consecutiva en el primer cuatrimestre—, el Ministerio de Economía aprieta las partidas presupuestarias para que el superávit fiscal no se resienta. La meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional es de 1,4% del PBI para todo 2026, un objetivo que, según los analistas, sigue siendo exigente pese a haber sido reducido respecto al target original del 2,2%.
Una caída que duplica al recorte en programas sociales
El 53,7% de retroceso real en las transferencias a provincias no tiene parangón con ninguna otra partida en abril. Le siguen, a distancia, los programas sociales —excluida la AUH— con una baja del 37,3%, y la obra pública, que cayó 15,7%. En el otro extremo, el gasto en personal creció 3,1% real y las asignaciones familiares que incluyen la AUH aumentaron 3,8%, impulsadas por una suba del 6,2% en esa prestación.
El acumulado del primer cuatrimestre también es negativo para las arcas provinciales. Según datos del IARAF y la consultora Politikón Chaco, entre enero y abril las jurisdicciones dejaron de percibir $1,38 billones a valores constantes respecto del mismo período del año anterior. La coparticipación federal —que representa el 91% de los envíos automáticos— retrocedió 3,7% real en abril, arrastrada por la debilidad del IVA (-3,3%) y del impuesto a las Ganancias (-2,5%), los dos tributos que nutren cerca del 94% de la masa coparticipable.
El mapa del daño
La caída no se distribuyó de manera uniforme. Todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron bajas en abril, con una dispersión que superó los diez puntos porcentuales. Salta encabezó el retroceso con una caída del 11% real interanual; Tucumán fue la que menos perdió, con apenas 0,7%, en parte por la vigencia del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). En términos per cápita, las mayores pérdidas del cuatrimestre se concentraron en Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja.
La respuesta de varios gobernadores fue recurrir a adelantos de coparticipación para cerrar sus cajas. En abril, el Gobierno nacional oficializó adelantos por hasta $400.000 millones para doce provincias. Salta avanzó con un plan de ajuste propio por 180 días que incluye congelamiento de sueldos políticos. En Jujuy, una protesta policial frente a la Casa de Gobierno marcó un nuevo punto de quiebre en medio de negociaciones paritarias sin resolución.
La trampa fiscal
El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, advirtió que "el objetivo de superávit primario para este año sigue siendo un desafío para el Gobierno, tanto por la caída en la recaudación como por el shock de precios en la energía y su consecuente impacto en los subsidios", una partida que paradójicamente creció 38,7% real en el primer cuatrimestre, impulsada por energía (+112,9%).
A eso se suma la presión que vendrá del segundo semestre. Según un informe de la consultora LCG, la reforma laboral recientemente aprobada implicará una pérdida adicional de 0,19% del PBI en ingresos fiscales, entre la baja de impuestos internos coparticipados y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que absorberá recursos que hasta ahora iban a Anses.
En ese cuadro, las universidades nacionales también acusan el impacto: en el acumulado entre enero y abril, las transferencias se redujeron un 8% real interanual y se ubican un 31,6% por debajo de los niveles de 2023. Por primera vez, además, la totalidad de esos fondos correspondió a gastos corrientes —básicamente salarios—, con transferencias de capital en cero.
