El concejal libertario respondió a las críticas por su iniciativa sobre el uso del espacio público y pidió discutirla en el recinto con fundamentos jurídicos.
El concejal de La Libertad Avanza, Diego Figueroa, salió al cruce de su par Gustavo Aguirre tras las críticas al proyecto “Recuperación del Orden y Seguridad del Espacio Público”, que busca regular actividades como la de “trapitos”, limpiavidrios y la reserva ilegal de estacionamientos.
Aguirre había anticipado su rechazo al considerar que la iniciativa “no supera el test de constitucionalidad y no discriminación”, además de advertir que podría exponer tanto a comerciantes como al municipio a futuras demandas judiciales. También sostuvo que, dentro del sistema jurídico argentino, ni la venta ambulante ni la apelación a la solidaridad constituyen por sí solas actos ilícitos o reprochables.
En respuesta, Figueroa fue contundente: “He leído las declaraciones del concejal y, sinceramente, su planteo ‘no supera el test de instrucción cívica de la secundaria’”, disparó, elevando el tono del debate político.
No obstante, el edil oficialista celebró que la discusión haya comenzado a darse “en términos jurídicos y no en base a etiquetas”, aunque cuestionó que se tilde de inconstitucional a su proyecto sin una debida fundamentación. “Afirmar que una iniciativa legislativa es inconstitucional por una posición ideológica requiere algo más que un slogan, requiere fundamentarlo jurídicamente y el ámbito, espero, sea el recinto”, sostuvo.
Figueroa aclaró además el alcance de la iniciativa, al remarcar que “no prohíbe la venta ambulante en la vía pública, no criminaliza la pobreza, ni pretende ocultarla”. Según explicó, el eje del proyecto apunta a regular situaciones específicas, como “la actividad comercial informal dentro de comercios habilitados, desarrollada por terceros ajenos al mismo”.
En ese sentido, indicó que la propuesta se enmarca dentro del poder de policía municipal e involucra aspectos como la regulación comercial, la protección del consumidor, con base en la Constitución Nacional y la Ley 24.240, el derecho de propiedad y la libertad económica.
El concejal también introdujo un elemento sensible en la discusión al plantear: “¿A la explotación infantil le aplicamos ‘derecho de admisión’?”, en referencia a la utilización de menores en actividades informales.
Finalmente, Figueroa se mostró abierto a modificaciones, pero cuestionó un eventual rechazo sin debate. “Las normas son siempre perfectibles y estoy abierto a discutirlas y mejorarlas. Rechazarlas sin debate es más un síntoma de intolerancia que un ejercicio democrático”, afirmó.
En esa línea, invitó a Aguirre y al resto del cuerpo deliberativo a tratar el proyecto en el recinto y dar “un debate público, técnico y serio”. “La sociedad merece que discutamos ideas y soluciones, no que nos quedemos únicamente en consignas o descalificaciones”, concluyó.
