El juez federal dio curso a la denuncia presentada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El Gobierno atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde que asumió, con frentes abiertos en el plano político y en el económico. El reciente rechazo parlamentario al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad colocó a Javier Milei en la obligación de ponerla en práctica, pero la falta de avances inmediatos desató un fuerte contrapunto.
Las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, poniendo en duda la disponibilidad de recursos para financiar la medida, aceleraron la reacción de la oposición. En las últimas horas, los diputados Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) y Mónica Fein (Partido Socialista) radicaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. El expediente quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó dar curso a la presentación y anunció que investigará al Presidente y a otras autoridades por la demora en la implementación de la norma. Desde el oficialismo, la respuesta fue inmediata: acusaron a los legisladores de actuar con “irresponsabilidad” y de poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El plazo de días con los que el Gobierno cuenta para la promulgación de la ley una vez rechazado el veto es uno de los debates abiertos. El diputado nacional y autor de la ley, Daniel Arroyo, expresó: "El rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad es el primer rechazo a veto en 22 años, con lo cual, hay todo un debate sobre los tiempos y plazos. Mi opinión es que tienen diez días para promulgarla, y eso es el martes que viene, donde automáticamente tienen que ponerla en marcha. Es obligación que a partir de ahí el Jefe de Gabinete transfiera la partida presupuestaria al área de discapacidad y que le interventor de la Andis a partir de ahí actualice el nomenclador. Así empieza la ley, entiendo yo". Más allá de las distintas miradas en relación a los plazos para la implementación, Arroyo celebró que distintos actores de la oposición se movilicen para que el Gobierno deba dar respuesta. "Está bien que vayamos por todos los frentes para que se implemente", agregó.
En el texto de la presentación, los demandantes sostuvieron que "las etapas de promulgación y publicación fueron vencidas con la votación de las mayorías constitucionalmente establecidas, además que la participación del PEN en el procedimiento de sanción de la ley se ha cumplimentado con la observación –ya parcial o total como en este caso– con su fundamentación, publicación en el boletín oficial y remisión a la Cámara de origen".
Consultado para esta nota, Paulón explicó: "El Ejecutivo tiene diez días de plazo constitucionalmente para promulgar total o parcialmente, o vetar total o parcialmente. Esos son los diez días de plazo que se tomaron en su momento para vetar. Pero una vez que el Congreso insiste la ley queda firme inmediatamente. Que ante una ley de emergencia el Gobierno busque todos los vericuetos, porque incluso esto se venció ayer, y ahora dicen que la promulgarán el martes, es un papelón. Sacan una cuenta caprichosa porque estarán acomodando recursos o buscando la estrategia para dar respuesta en algún tema de todos los temas en los que no la dan". El texto de la denuncia aclara que “si bien no se establece expresamente en nuestra norma suprema un plazo para la publicación de una ley insistida en Congreso con mayoría especial, dicho plazo no puede exceder los diez días útiles que permiten al Poder Ejecutivo Nacional observar los proyectos de ley votados en el Congreso”.
Incómodos por la responsabilidad que deben asumir, fuentes de Casa Rosada consultadas por Página/12 no repararon en expresar el enojo: "Lo de Paulón es una vergüenza. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el martes para implementar y promulgar la ley. Está haciendo gastar recursos sin sentido al Poder Judicial cuando ni siquiera se cayeron los tiempos. Una vergüenza".
El consenso social y político sobre la situación crítica que atraviesan las personas con discapacidad se torna de difícil discusión para el Gobierno. La pensión por invalidez laboral está en los $224.194,02 pesos por mes (el 70 por ciento de una jubilación mínima), más un bono extraordinario de $70.000, lo que totaliza en $294.194,02. Una maestra de integración en la escuela común cobra unos 3 mil pesos la hora, recién a los 180 días. “Esta ley que se enmarca en una situación de emergencia para las personas con discapacidad y que posee respaldo de diversas convenciones internacionales de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino, en los hechos se convierte en letra muerta debido a la existencia por parte de los denunciados de conductas tendientes al incumplimiento del mandato constitucional”, expresa el texto de la denuncia.
La emergencia es real y le atañe a todas las familias que conviven con la problemática. Para el Gobierno, sin embargo, el rechazo al veto es otra muestra más de irresponsabilidad política de la oposición: "Está bien que se preocupen, pero está bueno que se preocupen antes, cuando hacen la ley, porque básicamente lo que dicen es que movamos partidas, ¿vamos a desfinanciar otros programas para financiar esto?", y agregan: "Hay un error que no se aplicó el artículo 38 de ley de administración financiera que explícitamente dice que si a esta altura del año, no cuando se arma el presupuesto, hay una ley con afectación presupuestaria hay que decir de dónde va a salir la plata, los fondos para esa ley. Ahora la oposición se preocupa porque no está la plata cuando ellos no se ocuparon al momento de hacer la ley de que la plata esté", argumentan fuentes de Casa Rosada.
La noticia alentadora llegó desde Formosa. Hace poco más de un mes, el Defensor de Pueblo de Formosa presentó un amparo por las irregularidades en Andis para que se de marcha atrás con suspensiones injustas en las pensiones no contributivas (PNC), y el amparo tuvo lugar. Se informó oficialmente que la provincia será la primera en reactivar las PNC que habían sido suspendidas. Esto no quita que las auditorías sigan su curso. La Defensoría General de la Nación envió manuales e instruyó para que las defensorías de las provincias avancen en este sentido. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) junto con la Defensoría de la provincia de Buenos Aires resolvió adherirse y anexarse a la presentación de amparo en Formosa. Si bien el Estado apelará, el nuevo precedente abre la posibilidad de que en el resto del país se siga el mismo camino hacia la restitución de las PNC.
