La abogada Silvia Barrientos formalizó la presentación judicial contra el legislador. Aseguran que cuentan con videos y mensajes que prueban el hecho denunciado.
En una presentación que generó un fuerte impacto en el ámbito político local, se formalizó una denuncia penal contra el diputado provincial Javier Galán por los delitos de abuso sexual y violencia laboral. La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial de Violencia de Género por la doctora Silvia Barrientos, en representación de una joven que prestaba servicios para el legislador.
La presentación fue realizada por una exempleada de Galán de la Legislatura, quien contó que la hacía cumplir funciones en uno de sus corralones. La joven, de 26 años, relató que en noviembre del año pasado fue llevada por la fuerza a un reconocido motel de la Capital, donde el entonces diputado electo la forzó a tener relaciones sexuales.
“Se ha concretado, ya se ha realizado la denuncia. Hemos formalizado una presentación que veníamos conversando con la víctima; obviamente que ella está en pánico porque no es sencillo ir contra alguien del poder”, explicó Barrientos al confirmar la identidad del denunciado. Según la letrada, el tenor de la acusación abarca la integridad sexual y diversas irregularidades en el ámbito de trabajo.
La querella enfatizó que la denuncia cuenta con un sustento probatorio contundente para avanzar en la investigación. “No es una denuncia hecha al azar; hemos presentado abultado elemento probatorio. Hasta existe un video del lugar en donde habrían apoyado los hechos, mensajes y todo”, detalló la abogada, agregando que mañana se procederá a la "importación de evidencia" de los teléfonos celulares.
Sobre el estado de la denunciante, Barrientos reveló que la joven se encuentra bajo asistencia psicológica tras haber sufrido un colapso físico: “Es una víctima que ha estado internada por esta situación con un cuadro de estrés terrible. Ella tiene miedo, dice: 'Sé a quién me enfrento, sé que es violento'”. Debido a esto, se solicitaron medidas de protección urgentes, como rondas policiales y un botón antipánico.
Al ser consultada sobre el vínculo entre las partes, el equipo legal aclaró que la víctima “tenía en su momento una relación laboral, trabajaba para el bloque, y esas horas que debía cumplir las cumplía en el corralón”. No obstante, recalcaron que lo primordial es el delito contra la integridad sexual.
