jueves 2 de febrero de 2023

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Fondos

Cuáles son las provincias más beneficiadas con la coparticipación

Los gobernadores que apoyaron ayer al Presidente cuando definió el fallo de la Corte son las más favorecidos con las transferencias en términos per cápita. Hubo dos denuncias contra el presidente Alberto Fernández.

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La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más fondos de coparticipación recibe y, sin embargo, es la más perjudicada (después de la Ciudad) por el reparto en términos per cápita, porque alrededor del 39% de la población del país vive en terreno bonaerense y porque produce el 36% del PBI de la Argentina. Esta situación generó una discusión que lleva varias décadas y, si bien es reconocido por todo el espectro político, los gobiernos provinciales y nacionales nunca se pusieron de acuerdo para crear una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.

La solución que encontró la administración de Alberto Fernández fue quitarle de manera unilateral a la Ciudad de Buenos Aires parte de su coparticipación en 2020 y destinar esas transferencias al gobierno de Axel Kicillof a través de la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Fffba). Este programa se transfiere de forma discrecional y no se incrementa el coeficiente de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la provincia recibe 1,18% extra de coparticipación, independientemente del 21,3% que le corresponde por ley.

“Si la Nación no elimina el fondo creado para financiar parte de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, la que pierde con el fallo de la Corte es el Tesoro, que deberá aportar alrededor de $10.719 millones extra por mes. En cambio, si se decide eliminar el fondo, la que perdería recursos sería Buenos Aires, ya que dejaría de recibir alrededor de $10.929 millones”, dice Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

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La justificación que había dado el Presidente en 2020 fue que, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Nación le había aumentado la coparticipación a la Ciudad de 1,4% a 3,75%. Esta suba incluía también el traspaso de parte de la Policía Federal a la administración porteña.

El fallo de la Corte de esta semana rechazó que la Nación pueda modificar el porcentaje de coparticipación sin un acuerdo con el estado provincial que se ve alcanzado y determinó que se restituyan los fondos originales, excepto lo que el Gobierno enviaba a la Ciudad por los gastos de la Policía Federal. Por lo tanto, la coparticipación de la Ciudad quedó en 2,95%.

En el año, el Gobierno transfirió de manera automática a las provincias por coparticipación y leyes complementarias $5,76 billones, de los cuales la provincia de Buenos Aires recibió $1,3 billones, que equivale al 22,6% del total, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Las provincias que más transferencias recibieron luego fueron: Santa Fe, con $498.056 millones (8,63%); Córdoba, con $484.434 millones (8,40%); Chaco, con $274.561 millones (4,76%); Entre Ríos, con $266.714 millones (4,62%); Tucumán, con $259.764 millones (4,50%); Mendoza, con $226.975 millones (3,94%), y Santiago del Estero, con $225.854 millones (3,92%). La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, recibió transferencias por un total de $124.957 millones, que equivale a un 2,17% del total.

Sin embargo, cuando se hace el cálculo de transferencias a provincias según su población, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires son las dos jurisdicciones más perjudicadas. El gobierno porteño recibió $40.550 per cápita, mientras que Buenos Aires tuvo $72.913 por habitante, según cálculos del Iaraf.

Por otro lado, entre las provincias más beneficiadas estuvieron Tierra del Fuego, con $368.141 por habitante; Catamarca, con $348.805; Formosa, con $322.936; La Pampa, con $283.874; La Rioja, con $276.852; San Luis, con $235.163; San Juan, con $228.590; Santa Cruz, con $226.537; Santiago del Estero, con $226.286, y Chaco, con $223.632.

Los gobernadores de estas 10 provincias, a su vez, fueron los que firmaron ayer el comunicado de Presidencia, que criticó el fallo de la Corte al considerarlo “político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”. También sumaron su apoyo los gobernadores de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, decía el texto difundido ayer pasadas las 20 por los mandatarios regionales.

Según señalaron en el gobierno porteño, durante el mes de diciembre, el Tesoro le estaba transfiriendo a la Ciudad $500 millones por día, cuando el porcentaje de coparticipación era de 1,4%. Si el Gobierno finalmente acata el fallo de la Corte, las transferencias diarias ascenderían a $1100 millones, ya que la medida cautelar de la Justicia establece la coparticipación de la Ciudad en 2,95%.

Por la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, la distribución total de los fondos se reparte en un 42% al Tesoro Nacional, 57% a las provincias y 1 % al Ministerio del Interior, para constituir el fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), de donde salen las transferencias discrecionales. El fondo de coparticipación se nutre principalmente del 100% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y del 89% de lo recaudo por IVA.

“Existen provincias en que los recursos recibidos desde Nación superan el 90% de sus recursos totales, como es el caso de Formosa (93%), La Rioja (92%), Catamarca (90%) y Santiago del Estero (90%). Inclusive en algunas provincias que detentan un buen nivel de desarrollo agropecuario e industrial, como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, las transferencias representan nacionales entre 53% y 68% de sus ingresos totales”, explica Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

“Desde el punto de vista de los incentivos económicos y políticos, resulta claro que una jurisdicción cuyo gasto público es financiado en muy alta proporción desde el nivel central (implícitamente, por los contribuyentes de otras jurisdicciones), no tendrá muchos incentivos para contener su gasto, ni para gastar en forma eficiente. Esto denota un excesivo desequilibrio vertical: en 21 de las 24 jurisdicciones las transferencias nacionales representan más de la mitad de los recursos totales, en 13 de 24 representan más del 70% de los recursos, y en cuatro de 24 representan 90% o más de los recursos totales”, agrega.

Fuente: La Nación

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