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Para Herrero, el Estado debe pagar el 82% móvil a jubilados

El magistrado sostuvo que la Provincia y la Nación están obligadas a devolver a los catamarqueños la movilidad previsional que les corresponde. Criticó a quienes hacen un manejo político de los derechos de los pasivos.

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19 de septiembre de 2006 - 00:00
El juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis René Herrero, nacido y formado en la ciudad de Santa María, consideró que el Estado debe asumir los costos que sean necesarios para reconocer a los jubilados catamarqueños la movilidad previsional.

“Lo ideal sería que el Gobierno provincial, en convenio con el Gobierno nacional, lograra reconocer y abonarles a los catamarqueños el 82% móvil, sobre todo a los docentes, a lo cual están obligados por la legislación y la Constitución provincial”, afirmó en declaraciones a EL ANCASTI.

De esta forma, el magistrado, reconocido a nivel nacional por sus fallos a favor de la clase pasiva, emitió opinión sobre un tema que justamente fue objeto de debate ayer en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y que es motivo de un reclamo histórico de los jubilados locales. Para Herrero, la restitución del 82% móvil forma parte de los “derechos adquiridos que tienen los jubilados, reconocido inclusive en el convenio de transferencia de la caja previsional y que a su vez la misma Constitución de la Provincia y la ley consagran”.

Consultado sobre a quién correspondería asumir las erogaciones que demandaría reconocer la movilidad de los haberes de los jubilados catamarqueños, Herrero resaltó que “esto es una obligación de la Provincia y es una obligación asumida por la Provincia y la Nación al tiempo de la transferencia”, por lo que consideró que ambos estamentos de gobierno deberían llegar a un acuerdo. “Las dos dependencias, provincial y nacional, son los que están obligadas a devolverles a los jubilados catamarqueños el porcentaje que les corresponde”, resumió.

Herrero condenó también tajantemente las irregularidades que fueron detectadas por la ANSES en el marco de la jubilación masiva de 1994, como la emisión de certificaciones de servicio apócrifas por parte de municipios y organismos del Estado provincial. “Un acto es ilícito e irregular para todo aquel que participe del mismo, o sea que si se obtiene un beneficio provisional ilícitamente con certificaciones de trabajo apócrifas, tan responsable es el Estado que otorga el beneficio como aquel que, sabiendo que no ha realizado los aportes, ha obtenido ese beneficio”, dijo.

Crítico de la reforma previsional en general y del manejo político que se hizo en su momento -y se continúa haciendo- del tema, Herrero calificó como “muy lamentable que se introduzca la política en un tema que nada tiene que ver con la política. Si se está hablando de la tutela de los derechos protegidos de los jubilados catamarqueños es poco menos que lamentable que haya enfrentamientos políticos de esta cuestión que nada tienen que ver con la política. Si eso estuviera sucediendo en la provincia es un retroceso en el goce de los derechos constitucionales de los catamarqueños”.
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