"Uno de los errores más graves que cometí fue enviar la causa de asociación ilícita a la provincia"
El juez Miguel Ángel Contreras reconoció que derivar la causa de asociación ilícita fue un error y repasó las presiones, amenazas y demoras que atravesó.
El juez federal Miguel Ángel Contreras cuestionó su propia actuación en uno de los capítulos de la causa Adhemar Capital.
El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, realizó un balance del trabajo judicial en la causa Adhemar Capital, el entramado financiero encabezado por Edgar Adhemar Bacchiani. Sostuvo que el expediente representó uno de los desafíos más complejos de los últimos años para el Juzgado Federal y que su impacto lo llevó, incluso, a reconocer errores en la conducción del proceso. Contreras explicó en el programa Se acabó lo que se daba por Ancasti Streaming que durante tres años de instrucción, el juzgado trabajó con jornadas de 14 a 16 horas, con un equipo reducido de solo siete empleados y tres secretarios. En ese período, tomaron cerca de 200 indagatorias y tramitaron un expediente de 120 a 130 cuerpos, que derivó en una resolución de casi mil fojas para elevar la causa a juicio. Paralelamente, atendieron reclamos constantes de los damnificados que pedían al juzgado hallar el dinero perdido.
El juez relató que el caso superó toda expectativa inicial: detectaron millones de dólares y billones de pesos en movimiento, hubo inversores de varias provincias y aparecieron más de ocho causas paralelas vinculadas. Aseguró que la magnitud del expediente exigió un esfuerzo que tuvo consecuencias personales: no tuvo vacaciones durante tres años y sufrió acoso y amenazas, tanto en su oficina como en su vivienda. “Quemaban gomas, tiraban piedras con mensajes, carteles, sobres. Jamás hice públicas esas situaciones”, contó.
Las maniobras de Bacchiani y el quiebre en la investigación
Contreras detalló que en una de las audiencias, Bacchiani afirmó tener 58 millones de dólares y ofreció demostrarlo. El juez pidió una transferencia de prueba, pero el imputado se negó. Luego, el análisis técnico demostró que se trataba de una maniobra dolosa destinada a manipular al juzgado y a los inversores. “Fue un manipuleo infantil”, sintetizó. Desde entonces, afirmó que quedó claro para muchos damnificados que el dinero no sería devuelto. En cuanto al destino de los fondos, el juez señaló que el sistema funcionaba bajo un esquema Ponzi, donde los intereses se pagaban con el dinero que ingresaban nuevos inversores. Cuando dejó de entrar dinero, el sistema colapsó. También relató que Bacchiani intentó vender propiedades, entregar autos de alta gama y convertir criptomonedas para evitar la caída del esquema, pero ya era tarde.
Inversiones, dinero en negro y responsabilidades
El magistrado reconoció que muchos afectados no denunciaron porque no podían justificar el origen del dinero invertido. Sostuvo que si se busca dónde está parte de los fondos, probablemente “están en los propios inversionistas que retiraron ganancias antes del derrumbe”. También aclaró que algunos inversores ganaron dinero y otros lo perdieron todo, pero que no corresponde al juzgado evaluar las decisiones financieras personales, salvo lo que consta en blanco en los contratos presentados.
El error que admitió Contreras
Contreras habló de su propio accionar y admitió un error procesal relevante: “Uno de los errores más graves que cometí fue enviar la causa de asociación ilícita a la provincia”. Explicó que esa decisión retrasó un año el expediente porque la Justicia provincial no avanzaba y no respondía los oficios. Por eso, pidió a la Cámara autorización para retomar la tramitación en el fuero federal. “Hoy no lo haría. No reeditaría esa decisión si se presentara una situación similar”, afirmó.
Relación con la Justicia de Córdoba
El juez también se refirió al conflicto de competencia con Córdoba. Contó que hubo “susceptibilidades” y malentendidos iniciales, pero que finalmente ambas jurisdicciones trabajaron coordinadamente, compartiendo audiencias, pruebas e información técnica. Sostuvo que nada de lo ocurrido afectó la investigación y que la colaboración actual es fluida.
Querellantes, plazos y elevación a juicio
Consultado por las objeciones de la Fiscalía sobre el cierre de instrucción, Contreras negó haber actuado con apuro o discrecionalidad. Dijo que respetó todos los plazos y que quienes no cumplieron los requisitos para ser querellantes “cayeron en el vencimiento del derecho”. Además, recordó que el expediente ya está elevado a juicio, con todo lo que se pudo probar incorporado, y que las penas futuras deberán articularse con las ya impuestas en Córdoba.
