La UNCA se movilizará en defensa de la educación pública y el salario docente
La concentración será a partir de las 16.30 frente a la ENET Nº1 para culminar en la explanada de la casa de altos estudios.
Docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) marcharán junto a toda la comunidad universitaria del país en la 4° Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Catamarca, la concentración está prevista a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, en el Paseo General Navarro. Desde allí, la columna marchará por calle República hasta Junín y culminará con un acto en la explanada de la UNCA. La convocatoria fue realizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario.
El reclamo central es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025 y luego aprobada nuevamente por insistencia legislativa: primero la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y luego el Senado el 2 de octubre. Con ese procedimiento, el Ejecutivo quedó obligado a promulgarla, lo que ocurrió el 21 de octubre de 2025. Sin embargo, simultáneamente suspendió su aplicación argumentando que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción de amparo colectivo. En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar ordenando la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, relativos a recomposición salarial y becas estudiantiles. Esa cautelar fue confirmada en marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que sostuvo que no es admisible que el Ejecutivo suspenda la aplicación de una ley del Congreso invocando otra ley anterior. El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y, mientras el máximo tribunal resuelve si lo acepta, la cautelar quedó suspendida y el Estado no está obligado a transferir los fondos en este momento.
“El principal motivo es pedir a este gobierno la aplicación de una ley que ya está aprobada, incluso recurrida a la Justicia, porque el gobierno nacional no la aplicó, no la quiere aplicar”, señaló días atrás Federico Herr, secretario gremial de ADUNCa. Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU) y referente de la Conadu Histórica, fue más duro: “Este Gobierno ha metido el acelerador a fondo y quiere exterminar a la universidad nacional pública, gratuita y de calidad. No podemos permitirlo”. Morales también advirtió sobre los hospitales universitarios, cuya demanda creció “más del 200 o 300 por ciento ante el éxodo de pacientes que abandonaron prepagas y obras sociales”.
La crisis en números
En ese sentido, Oscar Arellano, rector de la UNCA, explicó que en abril la inflación fue mayor al 3%, mientras que los sueldos universitarios tuvieron un incremento de apenas el 1,7%. “Tenemos una pérdida paulatina pero constante, y la pérdida aproximada hasta ahora es del 50% del poder adquisitivo en el salario docente y no docente”, afirmó.
Arellano pidió a la ciudadanía acompañar y a ver más allá de la cuestión gremial: “Tenemos que hacerle ver al Gobierno que este no es un tema de política partidaria, sino que la universidad es un bien y un derecho público. La calidad académica no se sostiene con docentes mal pagos”. Y advirtió sobre el riesgo concreto: “Ante el incumplimiento de la ley votada por el Congreso, hay riesgo de que esto se profundice y se llegue a una situación de parálisis, afectando el ciclo lectivo de los estudiantes. Que al Gobierno no le importe incumplir con la ley es grave y genera mucha incertidumbre”.
