Violencia escolar| La causa se tramita en el Fuero Penal Juvenil
Se busca "evitar atravesar un proceso penal, con el desgaste emocional y el sufrimiento que ello implica"
La madre de la adolescente víctima de la difusión de imágenes íntimas aclaró que en un principio hubo intención de acuerdo de reparación integral que pretendía resguardar la salud mental de todos los adolescentes involucrados.
Reparación integral. El caso podría generar un precedente en el Tribunal Penal Juvenil.
La causa penal iniciada tras la denuncia por la difusión no consentida de un video íntimo de una adolescente ingresó en una etapa de definiciones determinantes. En un escenario donde convergen una compleja batalla jurídica en la órbita del Tribunal Penal Juvenil y una fuerte repercusión social, la familia de la víctima volvió a pronunciarse públicamente para clarificar los verdaderos alcances y motivaciones de las decisiones adoptadas en el expediente. A través de una nueva publicación, la madre de la chica remarcó que el intento de alcanzar un acuerdo de reparación integral —gestado meses atrás en los inicios de la investigación— no perseguía fines punitivos ni lecturas ambiguas, sino un objetivo estrictamente humano y protector. La meta principal, según precisó, fue desde un comienzo "evitar que los adolescentes involucrados y sus respectivas familias tuviéramos que atravesar un proceso penal, con el desgaste emocional y el sufrimiento que ello implica".
En ese sentido, la madre enfatizó que en aquel momento no existía una declaración formal de responsabilidad penal sino únicamente una denuncia en curso. Por ello, aclaró que la voluntad de arribar a una solución consensuada "no implicaba reconocer culpabilidades, sino procurar siempre una salida al conflicto respetando los derechos y garantías constitucionales de todos los menores", desautorizando así cualquier intento de tergiversar las tratativas o de alimentar discursos de odio en la opinión pública.
La investigación es impulsada por el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien imputó a tres chicos por los presuntos delitos de “producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas”. Los imputados aún no fueron indagados.
Según fuentes consultadas, el fiscal Narváez no estaba de acuerdo con extinguir la acción penal mediante una reparación económica, porque el protocolo de actuación de la Procuración General se lo impide en este tipo de delito.
Apelaciones
Mientras en el plano social la familia apela a la mesura y al resguardo de la salud emocional de los adolescentes, en el terreno estrictamente procesal el expediente sumó una fuerte conflicto. El expediente se remitió a la Cámara de Apelaciones de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, en la órbita del Tribunal Penal Juvenil, que ahora debe resolver dos planteos que condicionarían el futuro de la investigación.
Entre las presentaciones remitidas al tribunal de alzada se encuentran los planteos de nulidad interpuestos por las defensas técnicas de dos de los adolescentes imputados. A su vez, los jueces deberán resolver la apelación presentada por el representante legal de un joven que fue excluido como parte querellante, aunque sí fue reconocido como “ofendido”. La resolución del Tribunal de Alzada resultará decisiva para confirmar o anular –de manera total o parcial- actuaciones realizadas hasta la fecha y fijar la situación de las partes legitimadas para intervenir en el proceso.
