La damnificada declarará este jueves. Su madre dio detalles de supuestos acosos y aprietes por parte de Guaraz.
Guaraz. Detenido en el penal de Miraflores.
Mientras en el Juzgado Correccional N° 1 se realizan mejoras técnicas para posibilitar la recepción de la declaración de la mujer que denunció al exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, por abuso de autoridad, se conocieron detalles de las declaraciones que brindaron testigos en la audiencia del martes.
La damnificada, Shirli Cordero, se constituyó en querellante particular con el patrocinio de la abogada Natalia Páez Vaca y pidió declarar a distancia. Por fallas técnicas, el juez Diego Roberto Chaile Costilla, en reemplazo del titular Marcelo Forner, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves para avanzar con la recepción de su testimonio.
En la audiencia del martes, José Rodríguez, quien era el cobrador de impuestos, declaró que él no cobró la habilitación en su momento porque de eso se encargó Guaraz, a pesar de que la denunciante siempre manifestó su voluntad de abonar el cargo de habilitación.
Aseguró que le hizo saber a Guaraz que la mujer sí quería pagar y que, aun así, el intendente ordenó la clausura del local. También informó que vio a Cristina, madre de la damnificada, cuando rompía el segundo decreto de cobro y cuando la mujer le dio una cachetada delante de todos, mientras le decía a Guaraz: “¿Qué se piensa, que porque mi hija no te lo presta vas a venir a hacer lo que quieras?”.
Por su parte, Cristina explicó que Guaraz acosaba a su hija, quien debió renunciar a su trabajo en la Terminal de Ómnibus, como dependiente de la municipalidad.
Aseguró, además, que la joven debió irse del pueblo por el hostigamiento tras la clausura ordenada por Guaraz. Según declaró, el hombre la citaba en horas de la noche y en su domicilio particular con el pretexto de trabajar sobre temas relacionados con hospedajes. Inclusive, dijo que el entonces intendente le sacaba fotos.
La defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros en reemplazo del letrado Luciano Rojas, había pedido al Tribunal que declarara la nulidad absoluta de una pericia informática, del acta de visualización, del decreto de determinación del hecho y del requerimiento de elevación a juicio. Los planteos fueron rechazados por el juez Costilla.
