La Fiscalía de Instrucción N°4 analiza un pedido de la querella para imponer nuevas medidas restrictivas a los padrinos de una beba de un año y ocho meses, quienes están imputados en una causa por abuso sexual y actualmente permanecen en libertad.
Se les dictó la prisión preventiva y quedaron libres porque para la Cámara de Apelaciones, no existía riesgo procesal.
La Fiscalía de Instrucción N°4 analiza un pedido de la querella para imponer nuevas medidas restrictivas a los padrinos de una beba de un año y ocho meses, quienes están imputados en una causa por abuso sexual y actualmente permanecen en libertad.
Entre las medidas solicitadas figuran la colocación de dispositivos de rastreo satelital y el depósito de una caución material o juratoria.
La investigación está a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien además solicitó al titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, copias certificadas de una denuncia por daños a un vehículo radicada por un vecino en contra de los dos sospechosos, poco después de que recuperaran la libertad.
Con esa información y la respuesta al planteo de la querella que presente la defensa de los imputados, ejercida por Juan Pablo Morales, el fiscal deberá resolver si avanzará con la colocación de dispositivos y la imposición de una fianza.
La presentación fue impulsada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, quienes se opusieron a la liberación del padrino, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda; producción de imágenes de abuso sexual infantil con una víctima menor de 13 años; y tenencia de material pornográfico infantil, todo en concurso real.
El pedido de medidas restrictivas también alcanza a la madrina, imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil con una víctima menor de 13 años, en calidad de coautora.
Los padrinos recuperaron la libertad a mediados de marzo por disposición de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos.
El hombre permanecía detenido en el penal de Miraflores, mientras que la mujer estaba alojada en la Unidad de Mujeres N°2, en la Capital.
Previamente, Córdoba Andreatta había solicitado la prisión preventiva y el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, hizo lugar al pedido. Sin embargo, la defensa apeló la resolución.
El tribunal integrado por Juan Isauro Rosales, Rosa Elena Berrondo Isi y Carlos Horacio Brizuela consideró correctos los cuestionamientos planteados por Morales y resolvió revocar la decisión del Juzgado de Control, ordenando la inmediata libertad de ambos imputados.
Los camaristas sostuvieron que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la prisión preventiva. Además, señalaron que no se habían evaluado medidas alternativas, como cauciones, fianzas o dispositivos duales de monitoreo.
La resolución no implicó el cierre de la causa ni la absolución de los acusados, sino la anulación de la prisión preventiva y la orden para que el Juzgado de Control emita un nuevo pronunciamiento ajustado a los lineamientos del tribunal.
Tras recuperar la libertad, la Fiscalía les impuso a los imputados la obligación de fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia y concurrir cada vez que sean citados.
Además, deben abstenerse de realizar actos que puedan obstaculizar la investigación, no pueden salir de la provincia sin autorización judicial previa y deben comparecer semanalmente ante Fiscalía. También tienen prohibido acercarse a la presunta víctima.
La liberación de los padrinos generó malestar entre familiares de la beba, vecinos y allegados, quienes realizaron distintas manifestaciones frente a Fiscalía General para exigir nuevas detenciones.
Con el patrocinio de los abogados querellantes, reclamaron además la imposición de una fianza de 3 millones de pesos o, en su defecto, una caución juratoria, junto con la colocación de dispositivos electrónicos de monitoreo en tiempo real hasta que la causa sea elevada a juicio oral.
Para la querella, la libertad de los sospechosos representa un riesgo para el avance de la investigación debido a la gravedad de los hechos imputados y a la posibilidad de que intenten entorpecer la producción de pruebas o influir sobre testimonios.
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más devastadoras que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes. La mayoría de estos abusos ocurren dentro del ámbito familiar. Los delitos sexuales son de orden público.