Condenaron a dos gendarmes por torturar y golpear a aspirantes
Las denuncias revelaron torturas que incluyeron descargas eléctricas, insultos y ataduras. Las víctimas eran sometidas a un ritual de iniciación conocido como "chasqui de guerra".
Dos militares fueron condenados por maltrato a aspirantes durante una instrucción en la provincia de Mendoza. Se trata de Lucas Ezequiel Daure Muñoz, oriundo de la provincia de Córdoba, y Sixto Julián Pucheta Velázquez, quienes fueron sentenciados por el Tribunal Oral Federal número uno. Los hechos se produjeron en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 en 2015. Las denuncias revelaron torturas que incluyeron descargas eléctricas, golpes, insultos y ataduras. Los aspirantes eran sometidos a un ritual de iniciación conocido como "chasqui de guerra".
Los jueces Héctor Cortés, Pablo Salinas y Daniel Doffo impusieron penas de un año y seis meses de prisión condicional a Daure y un año a Pucheta, por maltratar a inferiores en cumplimiento de sus funciones. Las vejaciones eran grabadas por otros instructores. Entre las vejaciones, se contaron la colocación de bolsas de nylon en la cabeza de los aspirantes, dificultando su respiración. Estos hechos fueron denunciados en 2015 por el comandante de la octava brigada de montaña, el general Gustavo Javier Vidal.
Las víctimas relataron que en el primer "ejercicio", los instructores les propinaban golpes y les aplicaban descargas eléctricas utilizando un antiguo teléfono de campaña. Algunos testigos describieron actos de maltrato extremo, similares a los sufridos por los detenidos durante la última dictadura militar. En ciertos casos, los instructores arrojaban agua sobre los aspirantes, simulando que era combustible, y les colocaban bolsas plásticas en la cabeza para provocarles sensación de asfixia. Según la investigación, estas prácticas de maltrato no estaban contempladas en el plan de estudios. De hecho, una de las materias establecía que "el combatiente no debe cometer actos de violencia contra heridos, desertores o prisioneros enemigos" y debía tratarlos "de manera humanitaria" en todo momento.
El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente amenazar, humillar o someter a cualquier tipo de molestia a los prisioneros de guerra para obtener ventajas sobre el enemigo. Un punto clave de la instrucción es que los ejercicios de simulación de prisioneros debían ser realizados por los instructores, no por los aspirantes. Los testimonios coincidieron en que, además del "campo de prisioneros", los instructores llevaban a cabo el "chasqui de guerra", un ritual humillante en el que los aspirantes debían arrodillarse ante ellos, siendo sometidos a descargas eléctricas y, en algunos casos, obligados a consumir alcohol. Este acto se mostraba como una especie de "cierre" de la capacitación.
Aunque en el segundo juicio el Ministerio Público no acusó a Daure Suárez ni a Pucheta por el "chasqui de guerra", los jueces consideraron los videos grabados por los instructores como prueba de los graves maltratos ocurridos durante el "campo de prisioneros". Un aspirante afirmó que los instructores “se burlaban” mientras golpeaban y aplicaban descargas a los jóvenes, algunos de los cuales terminaron llorando por el trato inhumano, lo que afectó profundamente su dignidad. Pucheta, uno de los imputados, negó haber presenciado los abusos, alegando que su rol era administrativo. Aunque admitió haber estado presente en uno de los días en que se cometieron los actos violentos, afirmó no haber participado en el simulacro y reconoció la existencia del teléfono usado como picana.
Por su parte, el exteniente cordobés Daure Suárez destacó con orgullo su trayectoria militar antes de trabajar en el sector privado en Canadá. Aseguró que, como jefe del NIB, no tuvo conocimiento de los golpes ni las descargas eléctricas en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, bajo su mando. Sin embargo, varios aspirantes lo contradijeron, afirmando que Suárez estuvo presente durante las golpizas y las descargas. Uno de ellos relató que lo ataron "como a un animal", le arrojaron agua y le aplicaron el teléfono, mientras Suárez lo insultaba, llamándolo "inútil" y "vergüenza". Los jueces Cortés, Salinas y Doffo concluyeron que los imputados cometieron graves maltratos. "No solo no estaba previsto en el plan de estudios, sino que se llevó a cabo de forma antirreglamentaria, con ataduras de pies y manos, algunos vendados, golpes con varas, mojados y descargas eléctricas".
Con base en los testimonios y las pruebas, los magistrados determinaron que no había dudas de que Daure y Pucheta, valiéndose de su autoridad militar, maltrataron arbitrariamente a los aspirantes. Además, reiteraron que los ejercicios de simulación de prisioneros debían realizarse, dentro de los límites reglamentarios, con soldados capacitados y no con aspirantes. En desacuerdo con la acusación de abuso de autoridad planteada por Cortés y Doffo, el juez Salinas, en minoría, consideró que los hechos debían calificarse como vejaciones y apremios ilegales, como propuso la Fiscalía. Finalmente, Daure Suárez y Pucheta Velázquez fueron condenados por abuso de autoridad. Los jueces instaron al Ejército a prohibir el uso de descargas eléctricas en los entrenamientos y pidieron al ministro de Defensa, Luis Petri, que capacite a los altos mandos para prevenir futuros maltratos.
