El caso del niño que estuvo perdido en Aconquija mientras buscaba animales el fin de semana pasado tuvo por suerte un final feliz. Pero puso en evidencia un problema que, aunque naturalizado durante mucho tiempo, suele tener consecuencias muy negativas. Los niños y los adolescentes no deberían ocupar su tiempo en trabajar, sino en estudiar y jugar.
Aunque formen parte de actividades que contribuyen a la economía doméstica y no dependan de patrones, el cuidado de animales o las labores vinculadas la agricultura familiar son también trabajo infantil. Lamentablemente tienen una tradición muy arraigada en los sectores rurales, pero tal naturalización no debe hacer olvidar que tales actividades entrañan riesgos para su seguridad, además de impedirles gozar plenamente de sus derechos a la educación, al entretenimiento y a una vida saludable.
Las tareas domésticas y la agricultura son las que más demandan el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Como se dijo, en muchas ocasiones son aportes que realizan a la economía familiar, pese a lo cual sigue siendo trabajo infantil, pero también son empleados ilegalmente por patrones que los explotan, privándolos además de derechos básicos. La forma más extrema de explotación infantil es la trata de persona que involucra a menores de edad.
Según los datos aportados por Unicef, hay en todo el mundo 138 millones de chicos atrapados en el mundo del trabajo infantil. Si bien se advierte una disminución de la incidencia de este flagelo respecto de años anteriores, ya puede concluirse que no se alcanzará el objetivo de erradicar el trabajo infantil, que había sido fijado para este 2025.
Más que las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, es el Estado el principal responsable de evitar la explotación laboral infantil y cortar de ese modo “ciclos de pobreza y desigualdad social”, como sostiene Unicef. Pero debe articular esfuerzos con organizaciones no gubernamentales y supranacionales, con el sector privado y con la propia sociedad civil.
Los esfuerzos deben encaminarse a medidas que reduzcan la pobreza y la indigencia, causas principales del trabajo infantil; que propicien el acceso a una educación universal de calidad, inclusiva y adaptada a la necesidad y realidades de la infancia; y que promuevan empleo de calidad y con salarios dignos para los padres de los niños o adultos de referencia.
También es necesario el cumplimiento de la normativa que prohíba la explotación infantil de un modo claro y taxativo. En ese sentido en la Argentina, además de leyes nacionales y provinciales específicas, tiene vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo.
Al mismo tiempo es preciso fomentar la conciencia acerca de la necesidad de erradicar las costumbres y tradiciones que naturalizan el flagelo, sensibilizando particularmente, aunque no exclusivamente, a las comunidades rurales.
