Una mujer ocupará hoy el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF). Se trata de una empleada del Banco de la Nación de la sucursal de la Capital catamarqueña acusada de haber ‘truchado’ certificados médicos para obtener licencias médicas y no presentarse en su trabajo.
Es popularmente conocido que algunos empleados tienen sus “vicios”, “mañas” o “rebusques” para encontrar una excusa y no ir a trabajar. Se valen de algún pretexto o se escabullen por el reglamento laboral. Ana Laura Juárez Martínez era empleada del Banco de la Nación sucursal Capital y fue imputada por los delitos de “adulteración de documento” y “fraude contra la administración pública”.
Fuentes judiciales consultadas explicaron que en 2012 había presentado certificados médicos adulterados a fin de obtener licencias. Según se precisó, había presentado cinco certificados con el nombre, firma y sello de distintos profesionales. De acuerdo con las pericias que el organismo efectuó, la empleada adulteraba la firma de los médicos. Al menos usó el nombre de cuatro médicos.
Para obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, también conocido como “probation”, Juárez Martínez ofreció la suma de $7.000 como resarcimiento económico. Sin embargo, se advirtió que al ser empleada del Banco de la Nación se la considera como funcionaria y de acuerdo con el Código Penal Argentino, los funcionarios públicos no pueden acceder a este beneficio.
Al respecto, en el Código Penal Argentino, Capítulo III sobre Falsificación de documentos en general, artículo 292, se indica que quien hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años si se tratare de un instrumento privado. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años. "Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento", se detalla.
Precedente
En agosto de este año, un ex empleado del Banco de la Nación de la sucursal de Recreo, La Paz, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Había sido imputado por el delito de “fraude contra la administración pública”. El año pasado había solicitado la ‘probation’ pero al considerárselo funcionario no se le concedió la suspensión del juicio a prueba.n
