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Cara y Cruz

Trama de complicidades

El Gobierno y la UOCRA consintieron que una corporación de empresas despidiera a dos trabajadores que se quejaron.

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18 de marzo de 2022 - 01:05

El conflicto que se desencadenó en la Puna antofagasteña por protestas de los trabajadores de el Consorcio de Cooperación que trabaja con la litífera Galaxy desnuda una trama de componendas en la que empresarios locales obtienen beneficios de sus vínculos políticos al amparo de un sindicalismo cómplice.

El consorcio complicado está compuesto por las empresas Guido Mogetta, Contreras y BBC, que hace obras para Galaxy en el Salar del Hombre Muerto.

Los trabajadores contratados para construir los piletones en los que se trata el litio iniciaron medidas de fuerza reclamando mejores condiciones de trabajo y la reincorporación de dos compañeros despedidos por entregar un petitorio de 12 puntos, en el que pedían una mejora salarial, indumentaria adecuada para el trabajo, horas de descanso y vivienda en condiciones, entre otros puntos.

Carlos Moya, uno de los despedidos, denunció que no les pagan como corresponde, no les respetaron la categoría al tomarlos, solo cuentan con cuatro inodoros para más de 40 personas, el comedor no está en condiciones y no les entregan ropa de trabajo.

Afirmó que se sienten “desamparados”, porque la UOCRA no se hace eco de los reclamos y las autoridades de la Provincia les dijeron que "no tienen forma de llegar al lugar para controlar la situación".

“Lo peor de todo es el maltrato. Ellos dicen: es lo que hay, si no te gusta te vas”, contó.

El miércoles por la tarde, luego de que el conflicto tomara estado público, se hizo una reunión entre representantes de los ministerios de Minería y de Trabajo, el consorcio Mogetta-Contreras-BBC y la UOCRA, en el que se dictó la conciliación obligatoria y se ratificó el despido de los dos empleados que habían elevado el petitorio.

Víctor Brandán, titular de la UOCRA, tomó partido ayer por las firmas y en contra de los trabajadores cuya representación se arroga, y descalificó su protesta por razones formales (ver página 4).

Tienen motivos los que trabajan en la inhóspita puna para sentirse “desamparados”.

Aparte de la llamativa celeridad de los procedimientos, la confirmación de los despidos es lo más significativo que salió del encuentro. El grupo empresario, de muy aceitados contactos con el Gobierno provincial, consiguió coordinar todos los actores del poder para sostener una sanción de alto contenido pedagógico: trasmitir quejas contra Mogetta y asociados implica perder el puesto de trabajo con el consentimiento del Poder Ejecutivo y la UOCRA.

El desenlace impregna de dudas el discurso oficial que postula a la minería como generadora de puestos de trabajo de calidad, por empezar. Los ministerios de Minería y de Trabajo no trepidaron en alinearse con los empresarios sin haber dicho una palabra acerca de los planteos de los trabajadores.

¿En qué condiciones trabajan los empleados de Mogetta y sus socios? ¿Les pagan lo que corresponde, en tiempo y forma?

No son interrogantes menores, porque el contrato con Galaxy, y con otras mineras, lo obtuvo el consorcio debido a la relación preferencial que algunos de sus miembros tiene con el Gobierno, que trafica a su turno como trabajo para los catamarqueños lo que en realidad son ventajas para firmas digitadas.

Esas firmas favorecidas, además, son polirrubro e incluyen entre sus activos la relación con funcionarios para ampliar su campo de acción a los terrenos más diversos, incluido el financiero.

A ningún transeúnte avisado de la política y los negocios se le escapó el sentido más profundo y las ramificaciones del acuerdo entre el Gobierno, la corporación de contratistas de la Galaxy y la UOCRA, destapado a raíz de un conflicto laboral en el Salar del Hombre Muerto.

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