La Cámara de Apelaciones se expedirá el jueves sobre los rechazos a la elevación de juicio interpuestos por las defensas de los acusados en una causa por defraudación en perjuicio de OSEP iniciada en 2013. El longevo expediente es por los mismos delitos que el instado por la propia OSEP hace un mes: falsificación de órdenes y certificaciones para cobrar por servicios no prestados.
Sin evidencia judicial o de una auditoría administrativa, es imposible mensurar el perjuicio económico provocado a la obra social por abusos de profesionales e instituciones que terminaron naturalizándose con el correr de los años.
En este sentido hay una diferencia importante entre las dos causas que se siguen por las estafas.
La primera fue abierta a raíz de una denuncia del Círculo Médico en contra de más de una decena de médicos que habían confeccionado órdenes truchas, mientras que la segunda fue estimulada por la obra social, luego de una denuncia que tuvo fuerte repercusión debido a que involucró al intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, que integra un combo de 21 galenos y nosocomios puestos en la mira judicial.
La transgresión del intendente fue descubierta por azar. Una afiliada intentó tramitar órdenes por la flamante aplicación digital de la OSEP y no pudo porque había llegado al tope permitido. Averiguó y resultó que se habían sacado órdenes a su nombre y habían sido facturadas por Gómez. A partir de ahí comenzaron a acumularse las denuncias que sirvieron de base al planteo judicial de OSEP, al que podrían sumarse nuevos casos.
Es decir: las irregularidades fueron descubiertas por afiliados que advirtieron a OSEP.
Vaya a saberse cuántos casos de abusos habrá que permanecen fuera de la mira judicial y administrativa solo porque los afiliados utilizados como tapadera no tienen inconvenientes. Por lo pronto, varios de los que precipitaron con sus quejas las indagaciones de la obra social se anoticiaron de que les habían hecho sofisticados y onerosos estudios con aparatología de punta, o que habían estado internados una semana y no dos días, porque les dio curiosidad el caso de Gómez y se pusieron a rastrear sus historiales médicos. Hubo grandes decepciones de gente que presumía de su excelente estado de salud.
El Círculo Médico accionó en 2013 porque no había podido facturar las órdenes truchas de sus afiliados, que en aquellos tiempos primitivos se confeccionaban en forma artesanal. La organización gremial se veía directamente perjudicada por las andanzas de algunos de sus socios y, aparte, hubiera quedado complicada como encubridora en caso de no recurrir a la Justicia.
Esta activa intervención de 2013 contrasta con el silencio que el Círculo guarda respecto de los episodios actuales, que ya avanzan sobre clínicas y sanatorios. Por supuesto, no tiene ninguna obligación de pronunciarse, salvo que se incluyan entre sus funciones la de velar por el prestigio de los operadores del sector salud que tiene como asociados.
Si este ingrediente se tiene en cuenta, el Círculo y el Colegio Médico deberían ser los principales interesados en que la causa planteada por la OSEP se resuelva en tiempos más expeditivos que la de 2013, que ahora está en la cornisa de una nueva dilación, que se suma a los pedidos de absolución de los médicos encartados.
La prescindencia de sus representaciones institucionales afecta a todo el sector de la salud. Proyecta hacia la sociedad una imagen de solidaridad corporativa que se encadena con temas sensibles como el “plus” y las presiones por aumentos del precio de las prestaciones que la obra social descarga sobre los afiliados.
Sea o no cierta, tal solidaridad corporativa con quienes estafan a la obra social hace juego, además, con una sensación de corrupción que comienza a crecer entre las inquietudes de la gente.
