viernes 10 de mayo de 2024
Análisis

¿Qué hacer con los chicos no punibles? Acerca de un nuevo avance sobre la baja de la edad de punibilidad

Por Rodrigo Morabito (*)

Hace aproximadamente doce años que trabajo de juez en la justicia penal adolescente de mi provincia de Catamarca, y debo manifestar que he visto muchos chicos por debajo de la edad punible (menos de 16 años) cometer delitos, especialmente, robos y hurtos; los que en el ámbito jurídico penal se conocen como delitos contra la propiedad. Negarlo sería algo ilógico e irrazonable.

Ahora bien, debo decir también, que en esos doce años de trabajo no he visto un solo caso de un chico o chica que por debajo de esa edad cometiera un delito más grave (un homicidio, por ejemplo) y me animo a decir que en muchas provincias a donde viven colegas que a lo largo de los años fui conociendo; tampoco. Por supuesto, dejando de lado las excepciones de las grandes provincias a donde los delitos en ocasiones suelen ser más violentos.

Revisando los últimos trabajos estadísticos de la justicia; me encontré con un informe del año 2022 de la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a donde se informan los casos de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años que ingresaron a la justicia nacional en aquel año en donde lógicamente abundan los delitos contra la propiedad en un 87,6% y un 12,4% por otros delitos y para tomar el delito más severamente castigado por el Código Penal (siempre refiriéndome al homicidio) sólo se registró un caso de tentativa de homicidio.

También en un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre homicidios del año 2022 cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-insisto en que son las últimas estadísticas que registro- se registraron como autores a seis adolescentes punibles (86%) y tan sólo un adolescente no punible (14%).

Entonces cuando se habla de bajar la edad de punibilidad suelo preguntarme ¿en qué se basan los legisladores? ¿cuáles son los datos que manejan? ¿alguna vez han hablado con un niño, niña o adolescente en conflicto con la ley penal? ¿tomaron conocimiento de esas historias de vida? ¿saben cuál es el perfil de los niños, niñas y adolescentes que entran a la justicia penal?

Los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la justicia penal adolescente y juvenil son en su mayoría pobres, violentados, abusados y en ocasiones captados y utilizados por los adultos, en especial bandas de narcos que ocupan lugares a donde el Estado no llega o llega poco. Esta es la realidad y no la romantización del delito juvenil y tampoco de convertir en víctimas a victimarios.

Hace unos años atrás, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de Delincuentes, con sede en Costa Rica (ILANUD) supo realizar un estudio comparativo en 18 países de América Latina “y confeccionó un perfil del adolescente infractor tipo que pasa por los tribunales de menores, determinando que en el 75% de los casos estos tribunales se ocupan de un joven de sexo masculino, con algo más de cuatro años de retraso escolar, residente primordialmente en zonas marginales u otras zonas de viviendas de clases bajas; que trabaja en actividades que no requieren calificación laboral, o bien procura la obtención de dinero por medio de actividades ilícitas, y con el producto de su actividad contribuye al sostenimiento de su núcleo familiar o de su núcleo de pertenencia, cuyo padre trabaja en la categoría laboral de menor ingreso y se encuentra generalmente subempleado o desempleado; cuya madre es empleada doméstica o ejerce otro trabajo de baja calificación laboral tal como la venta de menudeo (a veces la prostitución), y al igual que su padre la mayoría de las veces está subempleada, o con menor frecuencia, desempleada; que vive con su familia, que es incompleta o desintegrada, con ausencia del padre. El estudio asimismo determinó que, tomando una escala de estratificación socioeconómica de cinco categorías, el 89% de los casos sancionados por la justicia juvenil se distribuye entre las dos categorías de menor ingreso, perteneciendo muchos de ellos al 40-60% de la población regional que se encuentra en los niveles de pobreza extrema”.

En nuestro país ese perfil aún persiste en los juzgados juveniles y es en nuestro mismo país a donde aproximadamente dos de cada tres niñas y niños son pobres o están privados de derechos básicos (según datos de Unicef a febrero de 2023)

En definitiva, la indigencia infantil trepó desde el 19.4% en la segunda parte de 2023 al 34.4% en los primeros tres meses de este año. Había 7 millones de niños en situación de pobreza y 2 millones en pobreza monetaria extrema a fines de 2023; actualmente esos datos se han agravado.

¿Bajar la edad de punibilidad en este contexto? Al menos debería sonrojarnos.

Cuando se habla de bajar la edad de punibilidad también suelo preguntarme si se han tenido en cuenta mínimamente las disposiciones de la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño (relativa a los derechos del niño en la justicia juvenil)que en su considerando 22 última parte encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención.

También en ese considerando (22) la Observación General destaca que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. (…) Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones.

En definitiva, opino que se puede trabajar con los jóvenes no punibles (menos de 16 años) a través de intervenciones tempranas; en especial respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una específica situación de vulnerabilidad junto a sus familias y, prioritariamente, de aquellos que sufren violencia.

A través de la intervención temprana de carácter interdisciplinario se puede elaborar un plan estratégico individual respecto de cada adolescente no punible para volver a integrarlo a un grupo de pertenencia junto a sus pares y que pueda desarrollarse efectivamente. Existen experiencias muy importantes para tener en cuenta y el trabajo de gente profesional especializada muy valiosa a nivel federal y que hace años que trabaja en estos ámbitos.

Por supuesto que, para ello, el Estado debe dotar de recursos económicos a los sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes y poner especial atención en al abordaje macro delictivo (narcotráfico, por ejemplo) y no tan solo en lo micro delictivo (el adolescente que vende droga)

El Estado Argentino debería tener muy en cuenta -a la hora de intentar nuevamente bajar la edad de punibilidad- lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (conocido también como “Niños de la Calle”), a partir del cual y al tratar el derecho a la vida, sostuvo con suficiente autoridad que los Estados no evitan que los niños y niñas sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece.

Bajar la edad de punibilidad no es ocuparse de la niñez, sino esconder las miserias del Estado bajo la alfombra.

(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Profesor de posgrado en derecho penal y penal juvenil. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de la Asociación Argentina de jueces y juezas franciscanos. Autor y coautor de libros y artículos científicos en derecho penal. Especialista y Diplomado en diversas especialidades jurídicas.

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