Lo ocurrido en el calabozo de la comisaría de Londres, en Belén, no puede reducirse a la responsabilidad individual de Enzo Ortiz, ya condenado por la Justicia por prender fuego en la celda. Porque detrás de ese incendio que dejó a otro joven que también estaba en el lugar con secuelas irreversibles, asoma con nitidez una serie de negligencias que, por momentos, remite a dos páginas oscuras de la historia reciente de Catamarca: las llamadas “Tragedias de la Alcaidía”.
La provincia ya conoce demasiado bien las consecuencias de desoír señales de alarma. En noviembre de 1993, un incendio en la Alcaidía del Servicio Penitenciario ubicado en la vieja cárcel de Avenida Güemes dejó 13 muertos. En 2011, otra tragedia similar se cobró la vida de cuatro adolescentes. En ambos casos, el denominador común fue el mismo: condiciones de detención inhumanas, fallas estructurales y una sucesión de omisiones que convirtieron lo evitable en fatal.
En Londres no hubo víctimas fatales, pero si se somete el hecho a análisis pueden detectarse una serie de negligencias. En primer lugar, la presencia de colchones comunes, apoyados en el suelo, lejos de cualquier estándar básico de seguridad. No eran ignífugos. Bastó un mechero improvisado para convertirlos en combustible que podría haber sido letal.
A esto se suma una circunstancia difícil de justificar: el celador estaba solo en la comisaría. El jefe de guardia y el chofer se habían retirado en el móvil policial, dejando a cargo de la custodia de detenidos a un único efectivo. En ese contexto, cualquier contingencia quedaba fuera de control desde el primer minuto.
La secuencia continúa con otro dato igual de inquietante: el propio celador reconoció haberle dado fuego a Ortiz, quien lo pidió para encender un cigarrillo. Es decir, en un espacio cerrado, con materiales altamente inflamables y personas privadas de libertad, se habilitó el acceso a un elemento de ignición.
El cuadro se completa con detalles que refuerzan la idea de precariedad estructural: un detenido que llevaba 15 días alojado en la celda, en condiciones de extrema vulnerabilidad, compartiendo el espacio incluso con un perro; otro que, según su propia declaración, se encontraba “coqueando”; colchones en el piso; una frazada mojada como único recurso improvisado de protección y una reja que no podía abrirse por el calor.
La ausencia de un sumario administrativo, admitida por el propio celador, es otro dato a tener en cuenta. Queda claro que no hubo investigación interna para establecer responsabilidades y tampoco, se infiere, una autocrítica institucional sobre lo ocurrido.
Si algo enseñan las tragedias de la Alcaidía es que estos episodios no son imprevisibles: sino consecuencia directa de la desidia, la falta de controles y la naturalización de condiciones de detención que violan estándares mínimos de seguridad.
