La difusión de un audio del exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido en 2025, en el que admite ante una víctima de abuso sexual que la diócesis protegió al sacerdote denunciado por su familia en 2004, confirma lo que durante años fue denunciado por víctimas, organizaciones civiles e incluso sectores internos de la propia Iglesia. La admisión de que “la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio”, que se escucha en el audio, revela un sistema de encubrimiento institucionalizado.
El caso expone con crudeza una lógica que excede a una diócesis española en particular y que tiene alcance global. El traslado de sacerdotes denunciados, la demora en la apertura de procesos canónicos, la relativización de los testimonios de las víctimas y, en ocasiones, la inversión de la carga de la culpa, conforman un patrón que se repite en distintos países y contextos.
Por eso sería un error considerar este problema como ajeno a la realidad local. La Iglesia en Catamarca no ha estado a la altura de las circunstancias ante casos de similar gravedad institucional. También aquí se han registrado denuncias contra miembros del clero por abuso sexual, y también aquí la respuesta de la iglesia ha sido, en más de una ocasión, tardía, opaca o directamente complaciente.
Durante años, el tratamiento de estos casos en la diócesis local puso en evidencia silencios prolongados, investigaciones internas sin resultados claros, traslados o reubicaciones que evitaron la exposición pública y una resistencia persistente a reconocer plenamente el daño causado. La lógica del “escándalo a evitar” pareció imponerse, una y otra vez, sobre el deber moral y legal de proteger a las víctimas.
Este comportamiento no solo profundiza el sufrimiento de quienes padecieron abusos, sino que también deteriora la credibilidad de la institución. La Iglesia, que históricamente ha reclamado un lugar de autoridad moral en la sociedad, enfrenta aquí una contradicción de fondo, en tanto no asuma con transparencia y firmeza su responsabilidad en estos hechos.
Más preocupante aún es la persistencia de discursos que, como se escucha en el audio español, tienden a relativizar o justificar lo injustificable. La insinuación de que los menores “provocan”, o la asociación infundada entre abuso y orientación sexual son expresiones de una narrativa que durante demasiado tiempo encontró espacio dentro de estructuras eclesiásticas.
En Catamarca, como en otros lugares, la deuda sigue abierta. No alcanza con declaraciones generales ni con gestos tardíos. Se requiere un compromiso concreto con la verdad, la justicia y la reparación. Esto implica colaborar activamente con la justicia, garantizar procesos internos transparentes, apartar preventivamente a los denunciados y, sobre todo, escuchar y acompañar a las víctimas sin ningún tipo de condicionamientos.
