La defensa de los acusados por algún tipo de delito y también de las víctimas adolece de un vacío institucional desde hace más de 50 años. La figura del defensor generalen la estructura orgánica no fue una prioridad del Poder Judicial en los últimos años. Paradójicamente, fue una encuesta a personas privadas de la libertad la que advirtió que faltan garantías constitucionales. Esto demuestra que una importante porción de la población afectada por el servicio de Justicia advierte la deficiencia del PoderJudicial.
Los resultados de la Primera Encuesta a Personas Privadas de la Libertad en Sede Penitenciaria que impulsó el Gobierno provincialindicaron una notable disconformidad de penados en relación con la asistencia de sus defensores durante los juicios abreviados, es decir, aquellos en que las partes llegan al debate oral con algunos acuerdos.
Según publicó este medio, de las personas privadas de la libertadconsultadas acerca de si fueron adecuadamente asistidas por sus defensores durante los juicios abreviados que afrontaron, el 56,4% consideró que sí tuvo una buena defensa, pero el 43,6% aseguró que no.Es una cifra digna de atender la que marca la disconformidad con la defensa.
La encuesta abordó varias temáticas, pero una de las más relevantes fue la vinculada con los juicios. En esta línea les consultaron si la condena que les impusieron en el procedimiento abreviado fue justa: el 42,1% consideró que sí; el 26,3%, que no; el 28,1% estimó que no porque la condena era más alta de lo que hubiese correspondido; y el 3,5% no supo o no contestó. Es lógico que un alto porcentaje no esté de acuerdo con una condena impuesta, pero otra señal de alarma es la que indica que casi el 30% percibe que la pena fue más alta de lo que hubiese correspondido.
No se trata de impulsar la creación de nuevos cargos dentro del Poder Judicial sino de advertir que existe desequilibrio entre la estructura de la parte acusadoray la Defensa Pública, una pata esencial del sistema y es por ello que la Justicia necesita revisar cuáles fueron sus prioridades.El Defensor General sería la figura equivalente al fiscal general y representaría una autoridad superior para los defensores oficiales.
También es cierto que la Corte de Justicia ha propuesto la creación de determinadas estructuras que consideró necesarias comouna Cámara de Apelaciones del Oeste y el fuero específico para los casos de violencia de género. A fines del año pasado, ambas propuestas que ya habían sido aprobadas por la Legislatura provincial desde hace casi una década, fueron desestimadas por el Ejecutivo.
Es por ello que se impone el diálogo permanente entre los tres poderes, porque el Estado es uno solo, los recursos son limitados y es necesario definir las prioridades de manera conjunta.
